El paquete de medidas anticrisis aprobado por el Govern de Salvador Illa ha recibido este martes diversas críticas por parte de todos los grupos parlamentarios, que coinciden en calificarlo de “insuficiente” ante el impacto económico derivado de la situación internacional, especialmente en Oriente Próximo. A pesar de las diferencias ideológicas, las formaciones también han coincidido en reclamar un aumento de los 30 millones de euros previstos en ayudas directas a las familias. Desde Junts, el portavoz Salvador Vergés ha cargado duramente contra el ejecutivo, a quien acusa de haber llegado a las reuniones “con las manos vacías” y de haber presentado un paquete “inconcreto e insuficiente”. Según Vergés, las medidas anunciadas “no son un plan de choque”, sino iniciativas ya previstas, y ha criticado especialmente que la ampliación de créditos del ICF “no son ayudas, sino más endeudamiento”. También ha tildado de “ridículos” los 30 millones destinados a familias vulnerables.
Junts pone el foco en la fiscalidad y reclama la deflactación del IRPF, denunciando que la inflación ha incrementado la recaudación en más de un 37% “a costa de los bolsillos de los ciudadanos”. En este sentido, ha anunciado la presentación de una proposición de ley con medidas propias, lamentando que el Govern no contemple ninguna rebaja fiscal.
ERC define el plan del Gobierno como un "primer paraguas"
Por su parte, la portavoz de ERC, Ester Capella, ha adoptado un tono más constructivo, a pesar de reconocer que el plan es solo “un primer paraguas”. Capella ha subrayado que el contexto continúa marcado por los conflictos globales y ha instado a la Generalitat a ejercer “soberanía” para dar respuesta a la crisis. Los republicanos valoran positivamente que el paquete incluya algunas de sus demandas, como el apoyo a empresas, ayudas al sector agrario y pesquero, o el fomento de la energía pública y el transporte público. Con todo, ERC defiende que será necesario concretar y ampliar las medidas, con participación de los grupos parlamentarios y mecanismos de control para garantizar su eficacia.
Desde el PP, el portavoz Juan Fernández ha sido igualmente contundente, afirmando que el Govern “no ha estado a la altura”. A pesar de reconocer que se han escuchado algunas propuestas, considera que el conjunto del paquete es insuficiente y critica que no haya ninguna rebaja fiscal. “Es el típico plan socialista: parches y subvenciones, pero ninguna reforma estructural”, ha dicho. Los populares denuncian que las clases medias son “las grandes olvidadas” y reclaman menos presión fiscal y más apoyo a los autónomos, en un contexto en que Catalunya continúa, según el PP, como una de las comunidades con más carga impositiva. En la misma línea crítica, el portavoz de Vox, Joan Garriga, ha acusado al Govern de reaccionar solo ante crisis internacionales mientras ignora “la guerra diaria de los catalanes”. Garriga ha defendido que tanto las ayudas como las rebajas fiscales deberían ser estructurales y permanentes para combatir la pérdida de poder adquisitivo.
Comunes y CUP piden más intervencionismo
Desde la izquierda, los Comuns también han rechazado el plan por “de mínimos y demasiado inconcreto”. Su presidenta en el Parlament, Jéssica Albiach, ha criticado especialmente la falta de concreción de las ayudas a familias, tanto en cuanto a los criterios como a los plazos de acceso. También ha reclamado reactivar medidas contra la pobreza energética y poner en marcha una unidad contra la especulación de precios. A pesar de todo, Albiach ha valorado positivamente que las ayudas a empresas estén condicionadas al mantenimiento de los puestos de trabajo, una exigencia histórica de su espacio político.
Finalmente, la CUP ha sido una de las voces más críticas con la orientación del paquete. La diputada Laure Vega ha rechazado las rebajas fiscales, que considera “regresivas y de derechas”, y ha apostado por una intervención más contundente en la economía. Entre sus propuestas está el control y la sanción de la inflación, topes a los precios de la energía y productos esenciales, así como una moratoria de desahucios y la congelación de los alquileres. A pesar de no oponerse al decreto, la CUP lo considera claramente insuficiente y reclama que las administraciones vayan más allá para evitar que la crisis acabe repercutiendo en las clases populares mientras, según denuncian, se protegen los beneficios de las grandes corporaciones.