Cuatro inspectores jefe del Cuerpo Nacional de Policía investigados por las cargas del 1-O han admitido ante el juez que, la víspera, visitaron los centros de votación para determinar en cuáles era "más factible" actuar y que durante la intervención utilizaron canales de comunicación paralelos.

Este lunes han declarado ante el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, que investiga las cargas policiales del 1-O, cuatro de los ocho inspectores jefe de la policía española imputados por su actuación en el operativo, después de que el jueves pasado prestaran declaración otros cuatro de ellos.

Según fuentes jurídicas, los cuatro inspectores, que han respondido sólo a las preguntas del juez, el fiscal, la Abogacía del Estado y sus defensas, han ratificado que recibieron la orden de actuar de un comisario con el nombre clave de "Marte", que identifican como el jefe de los antidisturbios, a partir de las 8h del 1 de octubre de 2017.

"Briefings"

Los inspectores jefe, según los abogados de la acusación, han explicado ante el juez que se celebraron dos "briefings" previos al domingo 1 de octubre, los dos presididos por "Marte": un viernes por la tarde, donde recibieron un listado de los puntos de votación, y otro el sábado, en el que se concretaron algunos detalles del operativo policial de cara al referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. De acuerdo con estas fuentes, los inspectores jefe visitaron el sábado por la mañana los diferentes centros de votación para determinar en cuáles de ellos era "más factible" actuar, de manera que se siguió este "criterio".

La tarde de este sábado, según han declarado los imputados, tuvo lugar el segundo de los "briefings" en que se concretaron algunos detalles, como el uso de canales de comunicación paralelos a las emisoras oficiales, con teléfonos móviles, o que recibieron la instrucción de no hacer el detenciones.

Además, uno de ellos ha admitido, a diferencia de lo que han declarado otros mandos, que los agentes de la policía española pueden activar y desactivar las cámaras que llevan incorporadas, de manera que podían actuar con "cierta discrecionalidad" para decidir cuándo grababan.

Acusación popular

Anaïs Franquesa, abogada de la organización pro-derechos Irídia, que ejerce entre otros la acusación popular, y el abogado Lluís Mestres, por parte del colegio Joan Fuster donde resultaron lesionadas tres personas más, han señalado que después de dos días de declaraciones de estos inspectores jefe ante el juez "queda muy claro" que las instrucciones de actuar se dieron antes del 1-O, "no el mismo día ni 'in situ'".

Consideran, así, que hubo una coordinación entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, al margen de los Mossos d'Esquadra, y sin contrastar los planes o la actuación de la policía catalana. "Está clarísimo, fue así desde el primer momento", añaden.

Con respecto a si van a pedir la imputación de "Marte", que las acusaciones identifican como José Miguel Ruiz Iguzquiza, Franqueza ha dicho que "todavía quedan muchas cosas por aclarar", pero que tomarán una decisión los próximos días.

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