A cada paso soberanista, una respuesta judicial. Este es el esquema que cualquiera que siga la actualidad política catalana habrá podido detectar desde los primeros movimientos hechos por el Govern el año 2012. Primero con Artur Mas y ahora con Carles Puigdemont, la respuesta de Madrid a la vía soberanista ha llegado siempre por la vía de los juzgados, mientras que el Govern y el Parlament han seguido adelante con un discurso que ha virado desde el pacto fiscal de la primera legislatura de Mas hasta el actual escenario de "referéndum o referéndum".

Lejos de plantearse un cambio de rumbo político, el Gobierno español ha negado desde el primer día cualquier posibilidad de diálogo en este campo, y ni siquiera la publicitada Operación Diálogo de los últimos meses ha alejado el enfrentamiento político del ámbito legal.

2012, "nueva etapa"

"No ha ido bien, y lo digo más bien triste". Eran las primeras palabras del entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, después de más de dos horas de reunión con Mariano Rajoy en la Moncloa para plantearle un pacto fiscal para Catalunya. Aquel 20 de septiembre del 2012 Artur Mas daba por cerrado, en una comparecencia ante la prensa en la Delegación de la Generalitat en Madrid, el capítulo de la reivindicación económica.

Imagen: ACN

"Por mucho que uno busque una cosa, si en el otro lado no hay margen, empeñarse que este es el camino sería una gran ingenuidad y un gran error. He llegado hasta el final, pero hoy me he encontrado con un dique de contención", constataba. El 2012 había tenido, pocos días antes, un punto de inflexión: la manifestación de la Diada convocada con el lema "Catalunya, nuevo estado de Europa". Un millón y medio de personas habían salido, según la Guardia Urbana, a las calles de Barcelona.

Solo cinco días después de la reunión en Madrid, Mas anunciaba su voluntad de convocar elecciones para el 25 de noviembre. "En momentos excepcionales, decisiones excepcionales," decía al empezar el discurso de apertura del debate de política general. El rechazo al pacto fiscal por el Estado y la gran manifestación de la Diada eran dos de los motivos que esgrimió. "La voz de la calle, al ser masiva y potente, se tiene que trasladar ahora a las urnas", reivindicó. Hasta aquel momento la promesa electoral de CiU era el pacto fiscal, y no un objetivo que fuera más allá de eso. Empezaba "una nueva etapa", en palabras del mismo Mas.

El Parlament ya había aprobado una resolución que hablaba de hacer la consulta "prioritariamente" en los cuatro años siguientes, y Mas cogió el compromiso de convocar al pueblo de Catalunya en la próxima legislatura poniendo en marcha la ley de consultas catalana. Mientras tanto, Rajoy acusaba al presidente catalán de hacer "una huida hacia adelante" y descartaba la convocatoria de un referéndum porque el jefe del Gobierno español, afirmaba, "no tiene capacidad" para autorizarlo.

Hacia el referéndum

Después de las elecciones, la suma de CiU y ERC seguía superando a los 70 diputados y Mas y Junqueras llegaban a un acuerdo de gobernabilidad que incluía la celebración de la consulta el año 2014, así como la creación del Consell Assessor per a la Transició Nacional.

En enero del 2013, el Parlament aprobó una resolución en la que se proclamaba el derecho a decidir del pueblo de Catalunya y se definía a este como un "sujeto político y jurídico soberano". Esta resolución recibió el apoyo de los grupos parlamentarios de CiU, ERC, ICV-EUiA y un diputado de la CUP. Además, cinco diputados del PSC no ejercieron el voto, mientras que los otros 15 se posicionaron en contra. El Gobierno español, fiel a su línea de actuación, impugnó la resolución en el Tribunal Constitucional, que suspendió la decisión del Parlament.

Imagen: ACN

En marzo, se aprobó un segundo texto, que presentó el PSC, tuvo el apoyo de CiU, ERC e ICV-EUiA y pedía un referéndum pactado con el Estado. Tampoco en aquella ocasión Rajoy hizo ningún gesto de acercamiento. La misma propuesta se había tumbado, pocas semanas antes, en el Congreso de los Diputados, donde por primera vez el PSC rompía la disciplina de voto del PSOE.

Aquel verano, Mas señalaba a Rajoy, por carta, "la necesidad de abordar el diálogo y la negociación, que permitan de forma pactada la celebración de una consulta al pueblo catalán, en el plazo más breve posible, con los marcos legales que establecemos".

Ante la inacción del Gobierno español, el año 2013 acababa con acuerdo para la fecha y la pregunta en Catalunya: en una comparecencia con, entre otros, Oriol Junqueras (ERC), Joan Herrera (ICV-EUiA) y David Fernàndez (CUP), el presidente de la Generalitat ponía rumbo al 9 de noviembre ya sin contar con el apoyo del PSC. "Ahora nos hace falta un Estado que sea de raíz profundamente democrático, un Estado atento a este clamor de la sociedad catalana, a esta mayoría parlamentaria y política tan sólida, y a un pueblo que quiere decidir su futuro, un pueblo que quiere votar de manera absolutamente pacífica y democrática," pedía Mas.

Imagen: ACN

Al día siguiente, los partidos que habían pactado presentaban al registro del Parlament la proposición de ley orgánica a través de la que se pedía al Congreso de los Diputados la delegación de la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum.

Expedición a Madrid

El 9 de abril del 2014, Jordi Turull (CiU), Marta Rovira (ERC) y Joan Herrera (ICV) intervenían en el Congreso de los Diputados para defender la propuesta, que fue tumbada por 47 votos a favor, 299 en contra y 1 abstención. La votación significó el final de la primera de las vías que el Parlament había puesto en marcha para conseguir la convocatoria de la consulta soberanista.

Imagen: ACN

La misma respuesta que en el Congreso se encontró, el 30 de julio, Artur Mas, en una nueva reunión con Mariano Rajoy celebrada en la Moncloa. "La consulta es ilegal y, por lo tanto, ni se puede celebrar ni se celebrará", afirmó el Gobierno español en un comunicado posterior al encuentro.

9 de noviembre del 2014

Descartada la vía pactada al Congreso, y a pesar de la impugnación de la consulta y el bloqueo dictados por el TC, el 9-N se convirtió finalmente en un proceso participativo en el que participaron 2,3 millones de personas. Desde la Moncloa lo calificaron de acto "antidemocrático", y Rajoy insistió que: "Si Mas pretende que nos saltemos el artículo primero de la Constitución, que establece la soberanía, tendrá la misma respuesta que ha tenido siempre". Por aquellos actos, la Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Mas y nueve para la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau.

Elecciones plebiscitarias

El 2015 empezó movido por el independentismo. El TC había tumbado, a instancias del Gobierno central, la ley de consultas de Catalunya. Mas, entonces, lo resumía así: "Tuvimos un intento de pacto fiscal con todos los detalles. Una vez superado, los diputados del Parlament de diferentes formaciones fueron a Madrid a decir que estaban dispuestos a hablar de la pregunta y la fecha si aceptaban que se tuviera una solución pactada de referéndum, y la respuesta fue que no había nada de que hablar. Yo ofrecí a Rajoy una consulta conforme a las leyes catalanas, tolerada por el Estado y la respuesta fueron querellas. Contado así, no es un diálogo de sordos sino de sordo. Objetivamente, hay un cierre total a hablar de este tema, un bloque de hormigón, y, por lo tanto, nada que consensuar".

ERC, la CUP y las entidades soberanistas querían forzar al presidente de la Generalitat a convocar elecciones en marzo, pero finalmente Mas y Oriol Junqueras acordaron el 14 de enero que los comicios "plebiscitarios" fueran el 27-S y con listas separadas. Ahora bien, Mas rescató la idea de una gran candidatura independentista y después de varias cumbres se configuró Junts pel Sí sin el apoyo de la CUP. Convergència y Unió acabaron, además, con una relación que los había mantenido unidos desde las primeras elecciones catalanas.

Imagen: EFE

Con una elevadísima participación, casi del 74,95%, Junts pel Sí ganó las elecciones del 27-S, pero se quedó a seis diputados de la mayoría absoluta. La gobernabilidad estaba en manos de la CUP, con 10 diputados, que forzó, meses después, el paso al lado de Artur Mas y la investidura, finalmente, de Carles Puigdemont.

Ante los tribunales

En el impás entre las elecciones y la proclamación de Puigdemont, Mas también ocupó todas las portadas por motivos judiciales. Después de la admisión a trámite de la querella de la Fiscalía –que depende jerárquicamente del Gobierno español– y algunas entidades por el proceso participativo del 9-N, el TSJC empezó a instruir el caso a principios del 2015. Coincidiendo con el 75.º aniversario del fusilamiento del presidente Lluís Companys, el 15 de octubre el todavía presidente de la Generalitat en funciones fue a declarar con el apoyo de centenares de personas que se concentraron delante del Palacio de Justicia, además de alcaldes y políticos de todo el país. Mas se responsabilizó personalmente de la consulta, pero aseguró que el Govern no se había saltado la prohibición del TC, sino que lo había dejado todo en manos de voluntarios.

También en esta transición de poder llegó la primera consecuencia política del 27-S: la aprobación el 9 de noviembre de la declaración de inicio del proceso independentista. El texto, con el apoyo de Junts pel Sí y la CUP, remarcaba que el Parlament no se supeditaría a partir de entonces a las decisiones de las instituciones del Estado, en particular del Tribunal Constitucional, y también instaba al futuro gobierno a cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos emanados del Parlament. Ya antes de su aprobación, C's, el PPC y el PSC viajaron a Madrid para recurrir la resolución en el Tribunal Constitucional. Una vez aprobada lo hizo también el Gobierno español, y el alto tribunal, en la decisión más rápida de su historia, la anuló.

Tampoco con Puigdemont

La llegada de Carles Puigdemont al Palau de la Generalitat tampoco significó, como era de esperar, una distensión entre el Gobierno catalán y el español. Las reuniones de primer nivel se hacen esperar hasta el 20 de abril, cuando se produce el primer encuentro en la Moncloa entre Puigdemont y Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno español en funciones.

Imagen: ACN

Del encuentro no salió ninguna novedad en el campo del derecho a decidir: Rajoy, en abril y ahora, se sigue oponiendo a cualquier propuesta que incluya dar voz a los catalanes. Una vez revalidado el cargo, el jefe del ejecutivo español ha querido, eso sí, transmitir una nueva percepción.

Después de dos elecciones que han acabado llevando a Rajoy a mantenerse en la Moncloa, los primeros meses del nuevo ejecutivo español han estado marcados por la llamada Operación Diálogo, con Sáenz de Santamaría encargada de la carpeta catalana y Enric Millo como nuevo delegado en Catalunya en sustitución de María de los Llanos de Luna.

Judicialización de la política

En cualquier caso, a pesar de los anuncios de diálogo, el 2016 ha quedado marcado por la judicialización de la política. Además del frente judicial que afecta a los protagonistas del 9-N (el juez ha abierto juicio oral a Artur Mas, Joana Ortega y Irene Rigau), el Tribunal Constitucional ha tumbado varias decisiones del Parlament o del Govern relacionadas con el procés a instancias del Gobierno español.

El 27 de julio, el Parlament aprobó las conclusiones de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent a pesar del aviso del Tribunal Constitucional que pedía impedirlo porque consideraba que derivaba de la declaración del 9-N, suspendida por el alto tribunal. La inclusión de las conclusiones en el orden del día del pleno acabó haciendo que el TC instara a la Fiscalía a abrir un proceso penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. El ministerio público presentó una querella por prevaricación y desobediencia y Forcadell declaró al TSJC el 16 de diciembre, donde defendió la legalidad de su actuación y aseguró que si en la calle se habla de independencia, también se tiene que poder hacer al Parlament.

Imagen: Sergi Alcàzar

En febrero, el Constitucional suspendió el Departament de Afers Exteriors, capitaneado por Raül Romeva, lo que acabó provocando un cambio de denominación, que pasó a llamarse Conselleria d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. El TC acabó levantando la suspensión cautelar de las funciones del departamento, pero no de la denominación. En julio, el alto tribunal anuló artículos y disposiciones de la Ley de acompañamiento del 2015 que preveían la creación de estructuras de estado como la Agència Tributària propia y planes que hacían referencia a infraestructuras, energía o telecomunicaciones. Y hace pocas semanas, el mismo tribunal ha suspendido las resoluciones aprobadas por JxSí y la CUP en el debate de política general para la celebración de un referéndum aunque no haya acuerdo con el Estado, advirtiendo a Puigdemont, a los miembros del Gobierno y a Forcadell que tienen que paralizar cualquier iniciativa contraria a esta suspensión.

"Referéndum o referéndum"

Las invectivas judiciales no han impedido que, con el cierre de todas las vías de acuerdo, el president de la Generalitat haya tomado la iniciativa de nuevo defendiendo un referéndum que pueda salir adelante con la aprobación estatal o sin ella. Durante el debate sobre la cuestión de confianza, presentada por la negativa de la CUP de aprobar los presupuestos, Puigdemont situó el referéndum independentista "como mucho" en la segunda quincena de septiembre del 2017 en caso de que no haya acuerdo con el Estado.

Imagen: Sergi Alcàzar

En su discurso, Puigdemont aseguró que el Govern perseguirá el pacto con el ejecutivo español "hasta el último día", pero que estará "preparado y a punto para subir el último escalón antes de proclamar de manera efectiva la independencia" si no llega una respuesta positiva del Estado. "O referéndum o referéndum", garantizó. La cumbre por el referéndum de este viernes fue el primer paso en este sentido y Enric Millo ya ha asegurado que llevará a los tribunales las decisiones con efectos jurídicos de la cumbre que vulneren la ley.

El auge soberanista, al contrario de lo que alguien podía pensar, no se ha enfriado. Ahora ya no se trata de hacer una mesa "por el derecho a decidir", ni de hacer una "consulta": la política catalana ha puesto rumbo al referéndum definitivo.