La Abogacía del Estado quiere parar de todas todas que el proceso siga adelante desde el Parlament. Muestra de eso es el proceso judicial emprendido contra la presidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell, pero no es lo único. Ahora, también quiere inhabilitar a los miembros de la Mesa que sean soberanistas, que son mayoría, y que son los que permiten que se puedan sacar adelante las proposiciones que se llevan al pleno sobre el procés.

Según publica hoy La Vanguardia, el Tribunal Constitucional notificará el próximo martes a los representantes de Junts pel Sí y Catalunya Sí que es Pot (CSQP) que, a petición de la Abogacía del Estado, ha iniciado un incidente de ejecución contra ellos para incumplir una de sus sentencias, en referencia a la que prohibía la votación de las conclusiones de la Comissió del Procés Constituent.

Se trata de Lluís Corominas (PDECat/JxSí); la secretaria primera, Anna Simó (ERC/JxSí); el secretario tercero, Joan Josep Nuet (EUiA/CSQP), y la secretaria cuarta, Ramona Barrufet (PDECat/JxSí). Si la justicia da la razón al Gobierno español, los representantes de estos partidos podrían ser inhabilitados, como puede pasar con Forcadell. Si eso pasara, la presidencia de la Mesa quedaría transitoriamente en manos del vicepresidente, José Maria Espejo-Saavedra, de Ciudadanos, mientras que el resto de cargos se los repartirían C's y PSC.

A partir de que sean notificados, los representantes tendrán 20 días para presentar un informe ante el TC con sus primeras alegaciones. En caso de no ser aceptadas, como previsiblemente pasará, se abrirá una vía penal contra ellos, y serán investigados en los mismos términos que Forcadell. También pide las actas de la reunión de la Mesa en que se aprobo la inclusión de las resoluciones independentistas y se rechazaron las peticiones de reconsideración de PP y PSC.

Los miembros de la Mesa del Parlament ya recibieron una notificación del TC el pasado mes de agosto donde se les advertía de la suspensión de las conclusiones de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent y se les instaba a paralizar cualquier iniciativa relacionada con el despliegue del proceso constituyente y la hoja de ruta independentista, y advertía de eventuales responsabilidades penales en caso de incumplimiento. En aquel caso, sin embargo, fueron notificados todos los miembros de la Mesa, y no solo los independentistas.