Cara y cruz. El activista informático Joel Muñoz, a quien la Fiscalía pedía 18 años de prisión por haber provocado ataques informáticos a empresas españolas contrarias al 1-O, ha sido amnistiado por la sección de apelaciones del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ha revocado la negativa de la Audiència de Tarragona. No obstante, pocos días después de serle notificada la amnistía, este verano, también se le comunicó un nuevo escrito de acusación por revelación de secretos y delito informático, con penas que suman 105 años de prisión. Su defensa ha querido guardar silencio, y no anunciar la amnistía, para intentar aclarar esta segunda acusación y que se archive. Por ahora, sin éxito. La causa contra Muñoz era una de las más graves contra el movimiento independentista catalán, por las elevadas penas solicitadas, que quedaba pendiente, a las puertas del octavo aniversario del 1-O y al cumplirse poco más de un año de la vigencia de la ley de amnistía. Preguntada por ElNacional.cat, la Fiscalía no ha aclarado el motivo de esta segunda acusación a Joel Muñoz.
Inicialmente, la Audiencia de Tarragona rechazó, el pasado noviembre, amnistiar a Muñoz al hacer suyos los argumentos de la Fiscalía de que los delitos imputados al independentista —daños informáticos y revelación de secretos— no están recogidos en la norma del olvido penal. En el auto, del pasado mayo, el TSJC —con la magistrada Àngels Vivas de presidenta y ponente— reprocha a la sección 2.ª de la Audiencia de Tarragona “el escasísimo esfuerzo argumentativo para justificar su decisión”. También critica a la Fiscalía y afirma que "el escrito de acusación es un calco de las referencias del atestado, que se instruye por la Guardia Civil, y se formaliza después de la entrada y registro en el domicilio de Muñoz".
Hackers con el 1-O
La página web de la Fundación de Ferrocarriles Españoles fue una de las hackeadas por Muñoz y otros activistas. En la resolución, el TSJC expone que la detención y registro de la casa de Muñoz se produjo en el marco de la operación Green Hat, llevada a cabo por el grupo de delitos informáticos de la Guardia Civil, y de los hilos de Twitter que se reproducen en la pericial "se desprende claramente la vinculación con la causa independentista y los hechos". Añade que "el propio acusado explica que la operación Catalunya de Anonymus fue la operación del colectivo de hackers a raíz de lo ocurrido el 1 de octubre de 2017".
El tribunal reproduce la lista de ataques y concluye: “Resulta que los hechos imputados se desarrollan en las fechas que delimita la ley de amnistía —entre el 17 de diciembre de 2017 y el 27 de febrero de 2018—, y que los contenidos fijados después de la pericial informática de la Guardia Civil, identifica al recurrente y lo vincula con actividades reivindicativas vinculadas con el procés, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley orgánica 1/2024, es procedente declarar la extinción de la responsabilidad penal, y de cualquier responsabilidad civil que hubiera podido derivarse”.
Nueva causa, con 23 delitos
Ahora, en la segunda causa, Joel Muñoz es acusado de 23 delitos de acceso no autorizado en concurso medial con 23 delitos de descubrimiento y revelación de secretos por, supuestamente, apoderarse de datos reservados de carácter personal registrados en ficheros, y un delito continuado de daños informáticos. Y por cada uno de los 23 delitos se le pide 5 años de prisión, es decir, 105 años de prisión en total.
Según fuentes jurídicas, la intimidad es un bien jurídico personalísimo, y por eso se le pide una pena por cada delito. Añaden que el Código Penal establece una regla de acumulación de las penas, que fija que la pena máxima de cumplimiento no puede exceder del triple de la máxima (con un tope de 20 y 25 años), y en el caso de Muñoz serían 15 años de prisión.