El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha comparecido este miércoles en la Comisión de Política Lingüística del Parlament para presentar el balance del primer año del Pacto Nacional por la Lengua y avanzar las líneas de actuación para el próximo curso político. El titular del departamento ha calificado el pacto como una "experiencia inédita" con el objetivo de situar el catalán "en el centro de la agenda pública", y ha asegurado que ya se ha ejecutado el presupuesto previsto de 256 millones de euros. Según los datos expuestos, entre mayo de 2025 y 2026 se ha completado el 62% de las medidas contempladas, mientras que un 22% están en marcha, un 14% se encuentran avanzadas y solo un 2% todavía no se han iniciado. Vila ha defendido que este balance anual evidencia un despliegue "sólido", a pesar de reconocer que los cambios en el uso social de la lengua requieren tiempo y persistencia.
Impulso institucional y territorial
Entre las actuaciones destacadas, el conseller ha subrayado el relanzamiento del Consorcio para la Normalización Lingüística, con más personal y ampliación territorial, así como el aumento de cursos y plazas para aprender catalán. También ha remarcado el impulso de la política lingüística municipal, con más de 240 ayuntamientos adheridos al pacto, que representan dos terceras partes de la población catalana.
En el ámbito laboral, el Govern ha destinado recursos a planes lingüísticos de empresa y ha activado mecanismos de concertación con agentes sociales para reforzar el uso del catalán en el mundo del trabajo. Paralelamente, en educación se ha logrado un "récord histórico" de aulas de acogida y se han impulsado medidas como becas para estudiantes de filología catalana y formación específica para el profesorado.
Administración, salud y consumo
El conseller también ha puesto en valor iniciativas para reforzar el uso del catalán en la administración, como la formación lingüística de funcionarios, la creación de la oficina de derechos lingüísticos y la colaboración con el poder judicial. En el ámbito sanitario, ha destacado la designación de referentes lingüísticos en todas las entidades públicas y la puesta en marcha de programas formativos con miles de plazas. En cuanto al consumo, Vila ha remarcado el incremento de actuaciones para garantizar la presencia del catalán en los comercios, que han pasado de 206 en 2024 a 486 en 2025, con un enfoque "no sancionador" sino de fomento y asesoramiento.
Nuevos planes y medidas para el segundo año
De cara a los meses que vienen, el conseller ha anunciado nuevas iniciativas, como una campaña para fomentar el uso interpersonal del catalán, un plan de impulso audiovisual y tecnológico, así como medidas en el marco del acuerdo del consejo del diálogo social y una campaña específica para el impulso del catalán en el comercio. También ha avanzado medidas vinculadas a la acogida lingüística en el contexto de la regularización de inmigrantes y la ampliación de cursos de nivel inicial.
Críticas de la oposición
La comparecencia ha estado marcada por las críticas de los grupos parlamentarios. Desde Junts, Carme Renedo ha reprochado al conseller la falta de referencias a la sentencia del Tribunal Supremo sobre la rotulación y ha cuestionado la transparencia del balance. ERC, por su parte, ha valorado positivamente el pacto, pero ha advertido de un despliegue "irregular" en ámbitos como la salud o la justicia. De hecho, todo el independentismo le ha pedido que todo el Govern y todos los consellers hagan suyas las políticas de impulso del catalán, después de casos polémicos en salud o en el ámbito de la empresa y justicia, o el uso del castellano del president Illa o de algunos consellers.
El PP ha acusado el Govern de actuar como una "policía lingüística" y de promover una política de imposición, mientras que los Comuns han pedido más datos de impacto real y una mejor diagnosis. La CUP ha puesto en duda la efectividad global del pacto y ha reclamado más compromiso del conjunto del Govern.
En su réplica, Vila ha defendido la acción del ejecutivo y ha asegurado que se está trabajando para mejorar los indicadores cuantitativos y evaluar el impacto de las medidas. También ha reiterado que la sentencia del Supremo "no obliga a rotular en castellano" y que el Govern estudia la respuesta a largo plazo.