Todo el mundo se ha alarmado mucho —al menos en Catalunya— con las declaraciones que el juez y exministro Juan Alberto Belloch ha hecho en el sentido que la situación en Catalunya es más peligrosa en términos institucionales que el terrorismo de ETA, ya que el terrorismo, en sus palabras, "generaba y genera dolor, rabia, indignación, pero no cuestiona el estado de derecho".

Para remachar su afirmación, Belloch cita a su padre pero en realidad, lo que dice no es muy diferente de unas declaraciones de su amigo Felipe González, según las cuales ETA era un simple "problema de orden público" y lo que realmente le preocupaba era Catalunya. Opinión sin duda compartida por toda la vieja guardia del PSOE —y probablemente por la nueva— y, por supuesto, más hacia la derecha. Como dijo el inefable Margallo, "un atentado terrorista se supera, la ruptura de España, no". De hecho, la elite española de derechas y de izquierdas comparte el diagnóstico. Sería bueno que lo tuviéramos claro desde esta orilla del Mediterráneo.

Cuando Belloch habla de "Estado de Derecho" no habla de la sujeción al derecho de todos los poderes del Estado. Para el mainstream político y mediático español, el Estado de Derecho es, sencillamente el sistema, el statu quo

Nada nuevo, pues. Pero me gustaría ir al fondo de la cuestión. ¿Cómo es posible que un señor juez, a dos semanas de jubilarse, que además había sido ministro de Interior, sea capaz de afirmar que una banda terrorista "no cuestiona el estado de derecho" y en cambio, sí lo hace un movimiento político que se expresa en las urnas? Parece evidente que cuando Belloch habla de "estado de derecho" no se refiere a lo que se entiende en ciencia jurídica como estado de derecho, construcción del pensamiento ilustrado que se basa en la sujeción al derecho de todos los poderes del estado. Para Belloch, y para el mainstream político y mediático español, el estado de derecho es, sencillamente el sistema, el statu quo.

Mirándolo bien, España no es el único país del mundo que lo hace. También los británicos cuando hablan de "democracy" o los franceses, cuando hablan de "valores republicanos", buscan este efecto de legitimación del sistema. Lo que realmente llama la atención en el caso español es esta invocación sistemática a un concepto jurídico tan elaborado como es el de estado de derecho.

Como puedes imaginar, no es una mera casualidad, ni tampoco una moda. De hecho, para encontrar la raíz de todo, hay que remontarse en el tiempo hasta el convulso 1962. Aquel año coincidieron unas huelgas en Asturias y el IV Congreso del Movimiento Europeo en Múnich (el Contubernio de Múnich), a los que el gobierno español respondió con una virulencia que provocó un enorme escándalo a nivel internacional, hasta el punto de frustrar el primer intento de España de acceder a las Comunidades Europeas. Para arreglarlo, la Comisión Internacional de Juristas, organismo consultivo de Naciones Unidas para la promoción de la democracia a través del derecho, hizo público, a finales de ese mismo año, un demoledor informe contra el régimen titulado Spain and the Rule of Law (El imperio del derecho en España, en versión española).

El informe arrancaba con la frase "El Estado español moderno es el resultado de una rebelión militar que le señaló con su marca indeleble"

El informe, que arrancaba con la frase "El estado español moderno es el resultado de una rebelión militar que le señaló con su marca indeleble", situaba el origen del régimen en la Guerra Civil y el mantenimiento continuado de la represión cómo su rasgo definitorio, la falta de legitimidad democrática de las Cortes Españolas, los poderes ilimitados del Jefe del Estado y la imposibilidad de ejercer en la práctica los derechos fundamentales reconocidos en el Fuero de los Españoles. Y por encima de todo, los rasgos que identificaban el régimen franquista con el fascismo.

El informe cayó, evidentemente, como una jarra de agua fría sobre los jerarcas del régimen —que habían consentido en su elaboración— y lo recibieron con la habitual lluvia de descalificaciones en la prensa adicta. Pero se daba la circunstancia de que, sólo unos meses antes, una remodelación ministerial llevó al Gobierno a un joven y dinámico ministro, Manuel Fraga Iribarne. Fraga, vinculado hasta entonces al Instituto de Estudios Políticos (IEP), ideó una respuesta original y diferente: replicar a la Comisión Internacional de Juristas con un informe que contestaba las acusaciones una por una. El informe, elaborado por el mismo IEP y publicado en mayo de 1964, se titulaba España, Estado de Derecho y como su nombre indica, pretendía demostrar que el régimen franquista era un estado de derecho. El informe partía de las peculiares concepciones de Carl Schmitt sobre el estado de derecho, pero admitirlo hubiera dado la razón a la Comisión Internacional de Juristas cuando asimilaba el franquismo con el fascismo. Por tanto, recurrieron al derecho natural tomista y a lo que llamaban "derecho público cristiano" —una especie de retorno a la unión entre Iglesia y Estado de la edad media— para asimilar el franquismo al "mundo libre" que representaban los Estados Unidos y los países de Europa occidental.

Evidentemente, los argumentos de la respuesta de Fraga no convencieron a sus destinatarios. España chocó con las puertas cerradas de las Comunidades Europeas y del Consejo de Europa hasta el final del franquismo. Pero lo más importante es lo que quedó en la opinión de las élites españolas. Todavía se ha podido oír últimamente a Ignacio Camuñas legitimando el 18 de julio y ahora Belloch asociando el régimen con el estado de derecho. Se puede hablar, por lo tanto, de una línea de continuidad entre aquellas teorías y estos discursos.

Pero, sobre todo, y más allá de esta asociación de ideas, hay una cosa que no hay que perder de vista, y es que el estado de derecho español, es decir, el sistema, ve el independentismo catalán como el enemigo más peligroso del Estado. También ellos esperan "volver a hacerlo".

Ferran Armengol es profesor asociado de Derecho Internacional Público de la Universitat de Barcelona