El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu preguntó al gobierno español sobre la presencia de un control policial del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en el peaje de la AP-7 en la Jonquera el 29 de febrero, el sábado en que se celebró un acto multitudinario encabezado por Carles Puigdemont en Perpinyà. La respuesta que ha recibido del ejecutivo no concreta practicamente nada de la petición de información que hace Iñarritu, pero no se ahorra la loa al funcionamiento de los cuerpos de seguridad que se encuentran bajo control del gobierno español.
El diputado de Bildu se interesaba en su pregunta, entre otras cuestiones, sobre las razones para instalar aquel control; reclama saber el responsable de la decisión, los horarios, los vehículos y personas que fueron identificadas y las posibles denuncias; pregunta directamente si la razón era entorpecer el tráfico, qué incidencia provocó, si hubo asunción de responsabilidades y si el Gobierno considera que fue una medida necesaria y apropiada.
No obstante, la respuesta del Gobierno español evita entrar en el fondo de la cuestión, ni responder a las preguntas, dirigidas a la gestión del ministerio de Interior que encabeza Fernando Grande-Marlaska. Se limita a subrayar que la función de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado -"bajo dependencia del Gobierno", puntualiza- es "proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, así como garantizar la seguridad ciudadana"; y que con este objetivo adopta las medidas necesarias con "pleno con respecto a la Constitución Español y el resto de ordenamiento jurídico".
Recuerda que la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CFSE) fija que los funcionarios policiales tendrán que actuar, en el cumplimiento de sus funciones con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin ninguna discriminación en razón de raza, religión u opinión". Y que cualquier actuación de los FCSE que no se adecue a esto comporta la activación por parte del Estado de los mecanismos establecidos para proceder a depurar las responsabilidades penales y administrativas que procedan.
Y, finalmente, llega la única respuesta directa a la cuestión de Iñarritu. "El objetivo de la actuación policial referida fue, como lo es en todas las actuaciones, garantizar la seguridad ciudadana. Una vez garantizada, no se impidió la circulación de personas, respetándose la normativa aplicable al caso".
