Los altos funcionarios del Estado y las oposiciones para acceder a estos cuerpos de la élite de los servidores públicos se ha convertido en un punto de interés del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu. En este caso, no por las pruebas en sí mismas, sino por sus preparadores, a veces miembros de esta misma élite funcionarial, entre los cuales magistrados y fiscales, que, según señala Iñarritu, despliegan esta actividad sin que se les someta a la correspondiente regulación.

Fraude en el sector

Antes del verano, el 18 de junio, el diputado de EH preguntó al Gobierno si tiene intención de regular el sector de preparadores de oposiciones dentro del colectivo de altos funcionarios del Estado y si es consciente del "fraude existente en este sector".

El Gobierno se sacudió la pregunta argumentando por escrito en la respuesta, con fecha de 11 de septiembre, que no hay ningún modelo tributario vigente en que conste la adscripción al cuerpo de funcionarios a que se pertenece. La respuesta se completaba con una etérea reflexión sobre el hecho de que la administración tributaria tiene entre sus objetivos estratégicos prioritarios la prevención y lucha contra el fraude fiscal. jon iñarritu EFE

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu en el Congreso / Efe

Preparadores

En este colectivo es conocida la participación de jueces y fiscales como "preparadores", según admiten voces del sector, que aseguran que los nombres de los preparadores corren entre los estudiantes o incluso son publicitados desde algunos colectivos profesionales.

Se trata de oposiciones muy duras, que requieren años de preparación intensiva, con temarios memorísticos y largas exposiciones que, según admiten los profesionales, resultan casi imposible de preparar en solitario. Esto obliga a las personas que se presentan a los exámenes por acceso libre a buscar a alguien de apoyo.

Mucha demanda y poca oferta

También hay quien prepara las oposiciones a través de centros oficiales, como el Centro de Estudios Jurídicos de la Generalitat que tiene, entre otros, un programa para la preparación de oposiciones a jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia por turno libre, de quince plazas y una duración de cuatro años con dedicación exclusiva. El precio del curso es de 263 euros al trimestre.

Pero hay mucha demanda y poca oferta, admite el portavoz de Ágora Judicial, Xavier Gonzàlez. Por eso, muchos opositores que se presentan por libre tienen que recurrir a estos "preparadores". La dinámica, es reunirse de manera periódica, que puede ser una vez por semana, y repasar el tema correspondiente. Un estudiante puede pagar 200 euros en el mes por la clase semanal. Eso quiere decir que si un mismo preparador lleva a cinco alumnos, que le ocupan cinco horas semanales, puede ingresar mil euros, según explica el portavoz de Ágora a modo de ejemplo.

Siguiendo el hilo de la pregunta del mes de junio y la escasa explicación del Gobierno, el diputado de EH Bildu volvió a la carga y preguntó al Gobierno a mediados de septiembre cuestiones muy concretas: "Cuántas inspecciones se han hecho los 10 últimos años a preparadores de oposiciones dentro del colectivo de funcionarios del Estado"; "¿Cuántos magistrados o fiscales se dedican a preparar opositores?"; y "¿Cuántas actas de infracción han sido levantadas cada año? Contra quién y por qué motivo"?.

"Ningún expediente disciplinario"

La semana pasada el Gobierno respondió por escrito a Iñarritu que la participación en la preparación de oposiciones, "per se" no constituye ninguna falta disciplinaria a no ser que se dedique a esta actividad más de 75 horas anuales.

Se añade que en el caso de los altos funcionarios de la Administración General del Estado, sí podría ser causa de sanción disciplinaria en caso de no contar con la correspondiente compatibilidad. No obstante, el Gobierno informa de que al ministerio de Política Territorial y Función Pública no le consta que haya "ningún expediente disciplinario relacionado con la preparación de oposiciones".

Denuncias en las redes

No obstante, la situación provocada por esta dinámica ha saltado a las redes sociales donde se puede encontrar preparadores y opositores felicitándose por los buenos resultados obtenidos, pero también denuncias sobre la situación de desigualdad que puede generar esta manera de actuar.

En la imagen principal: El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el día de la entrega de despachos a los nuevos jueces de la Escuela Judicial