Negativa rotunda de Junts pel Sí y Partido Popular a una nueva modificación nacional del impuesto de sucesiones y donaciones. Los dos grupos parlamentarios han evitado, a partir de una enmienda a la totalidad, que la proposición de ley de Catalunya Sí que es Pot se convirtiera en objeto de debate en la cámara en las próximas semanas.

Después de que CDC y PP prácticamente lo eliminaran en el 2010 –precedidos de una intensa movilización social contra el alto grado impositivo del tripartito– la tasa sufrió una posterior modificación en el 2014, por un acuerdo entre convergentes y ERC que volvió a gravar el legado a los hijos y nietos de forma progresiva en función de la cantidad. Pero a pesar de todo, dos años más tarde, para los confluentes no es suficiente.

La propuesta de los de Lluís Rabell, que insisten en considerarla floja con respecto a su ideario, iría en la línea de hacer pagar a los cónyugues –que ahora están totalmente exentos– si el inmueble heredado tiene un valor superior a los 500.000 euros, y a partir 100.000 euros en dinero, y de forma progresiva. "Aumentaría en 400 millones anuales los ingresos de la Generalitat", ha reivindicado el diputado Joan Coscubiela, añadiendo que si se sumaran las otras propuestas que hacen en materia de IRPF, impuesto de patrimonio y fiscalidad verde, ascendería a más de 1.000, "unos presupuestos de verdad".

Pero a pesar de una segunda intencionalidad de hurgar en las diferencias entre CDC y ERC, que no viven sus mejores días por las discrepancias sobre las reformas fiscales que tienen que plasmarse en las cuentas para el 2016, la unidad de acción se ha mantenido. La diputada Carmina Castellví ha justificado que hay que dejar "madurar" la que funciona actualmente y que, en cualquier caso, tendría que ser un cambio "más moderado", que no incentivara "la deslocalización de patrimonio". "Los catalanes no nos merecemos un incremento de la fiscalidad", ha concluido después.

El argumento de la deslocalización, que han compartido PP y Ciutadans, ha flotado en el debate todo el rato. Es decir, que los catalanes susceptibles de verse afectados por la medida, optaran por llevarse el patrimonio a otro punto del Estado, teniendo en cuenta que hasta 10 comunidades autónomas tienen eliminada la tasa.

"Racionalización" popular

No hay margen para la negociación. En las filas populares no están dispuestos que "la mala gestión de los recursos públicos sea ahora la excusa para incrementar este impuesto confiscatorio", porque "una forma más útil (de incrementar los ingresos de la Generalitat) es racionalizar el gasto". En este sentido, el diputado Enric Millo ha puesto en valor que "en Catalunya sólo bajan los impuestos cuando el PP influye", para después lanzar un dardo a Convergència "que había defendido la eliminación total e inmediata, cosa que ha incumplido siempre" y motivo por el cual "no sorprende que pierdan votos".

"Es un impuesto anticuado, confiscador, desfasado, que descapitaliza y va en contra del ahorro. Si una persona compra un bien, ya paga los impuestos asociados al consumo. Si obtiene rentas de este bien, ya paga impuestos asociados a estos rendimientos. Si alguien ya ha hecho frente a estos impuestos, tiene que tener la libertad para hacer con ellos lo que considere oportuno, sea darlos o dejarlos en herencia", ha clamado Millo.

Advertencia cupaire

La CUP se lo ha mirado todo de cerca, centrándose en el ataque contra la vieja CiU y el tripartito. "No eran demasiado diferentes", ha afirmado Mireia Vehí, asegurando que "se dedicaron a eximir responsabilidades a los más poderosos". Y ahora con "la excepcionalidad política" del momento, tampoco creen que estén "a la altura". "Si la lógica en la que nos encontramos es post-autonómica, los impuestos también tienen que tener vocación de trascendir el orden puramente económico", han advertido.

Esta semana los anticapitalistas han garantizado a Oriol Junqueras que no le permitirán avanzar con su propuesta de cuentas. Entre otros, por cuestiones como este impuesto, que no pretenden cambiar. "Si empezamos un proceso de construcción de un nuevo Estado, no lo queremos empezar fallido desde el inicio", ha dicho Vehí, señalando que "hay que abordar de manera decidida la reforma del impuesto para demostrar que empezamos un proceso con un objetivo claro de revertir las políticas llevadas a cabo hasta ahora".