Los comuns no son recién llegados a la órbita del derecho a decidir. Desde el fracaso del Estatut, ICV apostó abiertamente por la celebración de un referéndum que sacara el país de dudas sobre su futuro político. El secretario general de Iniciativa, Joan Herrera, puso la propuesta encima de la mesa justo después de la sentencia del Tribunal Constitucional, en agosto del 2010: "Un proceso con más de dos opciones, un derecho a decidir que dé la voz al pueblo, para que pueda escoger el modelo de estado que quiere". Además, Herrera defendió, en aquel momento, que fuera el Parlament el encargado de "poner las bases y dar la voz al pueblo".

Pero ahora, más de seis años más tarde, parece que esta opción no convence a los herederos parlamentarios de la formación ecosocialista, que reclaman de todas todas un pacto con el Estado. La posición, sobradamente contestada desde los sectores soberanistas, no solo choca con la apuesta que hacía Herrera en el 2010, sino que pone contra las cuerdas algunas de las declaraciones que habían hecho, mucho más recientemente, dirigentes actuales, como el portavoz de Catalunya Sí que es Pot en la cámara catalana, Lluís Rabell, o, más allá del Parlament, el líder de los comuns en el Congreso de los Diputados, Xavier Domènech, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Domènech, que hizo bandera del referéndum durante la campaña electoral, ha enfriado las últimas semanas las posibilidades que la nueva formación política pueda acompañar a la mayoría parlamentaria catalana en la celebración del referéndum: pocos días después de la cimera por el referéndum, el diputado ha apostado abiertamente por la celebración de unas nuevas elecciones. Unas declaraciones que han encendido las alarmas de los integrantes del Pacte pel Referèndum, del que se desprendía una unidad entre Puigdemont y Colau para sacar adelante la apuesta sin ningún adelanto electoral.

A gestos independentistas, retrocesos de los comuns

Desde el 2014, cuando Iniciativa pactó la fecha y la pregunta del 9-N con las formaciones soberanistas pero se acabó desentendiendo pocos días antes de su celebración, los independentistas son más conscientes que nunca de las dificultades para llegar a puntos de entendimiento sólidos con el sector ideológico que ahora ocupa el grupo parlamentario de Lluís Rabell. Sin embargo, el independentismo también sabe que, más allá de la mayoría de que disponen Junts pel Sí y la CUP, la incorporación de Catalunya Sí que es Pot a la propuesta de referéndum reforzaría la percepción de transversalidad que buscan tanto a escala catalana como en el ámbito internacional.

Justamente por eso, al mismo tiempo que desde el Govern se insiste en la posibilidad de pactar las condiciones de un referéndum con el Estado (a pesar de tener la seguridad que es una vía muerta), también se han hecho numerosas aproximaciones ideológicas al partido para facilitar su incorporación al pacto que tiene que conducir al referéndum definitivo.

De hecho, Puigdemont no escondió la voluntad de aglutinar a Colau y su entorno en la cimera por el referéndum del pasado 23 de diciembre, el contenido y el resultado final de la cual no desentonaba mucho, o nada, con el planteamiento de Lluís Rabell desde principios de legislatura: la defensa, en primera instancia, de un referéndum pactado. Un ejemplo: en octubre del 2015, su grupo parlamentario presentaba una resolución a la cámara catalana donde se optaba por referéndum pactado y se añadía, en el último punto, que, si al finalizar el año 2016 quedaba "bloqueada políticamente" esta vía, el Parlament tendría que "llamar a poner en marcha nuevos y más enérgicos procesos de movilización social y ciudadana".

Imagen: ACN

Pero ahora, lejos de aprovechar el reposicionamiento ideológico de Junts pel Sí y la CUP, decididos a celebrar un referéndum vinculante, los nuevos planteamientos de los de Lluís Rabell parecen alejarse, una vez más, de la posibilidad de confluir para trabajar en este sentido.

El (necesario?) pacto con el Estado

"Referéndum pactado o referéndum pactado", afirmaba Rabell poco antes de la cimera. Pero tampoco en eso hay una posición clara. Hace solo una semana, Xavier Domènech situaba el debate en la "efectividad": es decir, "un referéndum con efectos jurídicos, que interpele a la mayoría y que arrastre reconocimiento internacional". Por eso, el jefe de filas de En Comú Podem instó a JxSí y la CUP a poner sobre la mesa una fórmula que cumpliera las tres condiciones aunque no recibiera el aval de Madrid: "Si eso se puede conseguir sin un pacto con el Estado, ningún problema," aseguraba en una entrevista en ACN.

Una propuesta que quedaba en papel mojado solo tres días más tarde, cuando el mismo Domènech daba por perdida la legislatura e instaba a Puigdemont a convocar elecciones.

La unilateralidad

En este batiburrillo de opiniones también ha querido meter baza el número dos estatal de Podemos, Íñigo Errejón, que fue un paso más allá que muchos de sus compañeros catalanes defendiendo la legitimidad de un proceso unilateral. En caso de que no sea posible un referéndum con garantías, dijo Errejón hace pocas semanas, una consulta sería "plenamente legítima", a pesar de matizar que para Podemos "no tendría efectos institucionales ni jurídicos". Una salida que requirió numerosos matices por los compañeros de filas y demostró, una vez más, la disparidad de opiniones que está acompañando la creación del nuevo espacio político de izquierdas. El grupo parlamentario, el grupo municipal de Barcelona, los diputados de En Comú Podem en Madrid y los líderes estatales de Podemos han evidenciado que, más allá de la defensa genérica del referéndum, los matices pueden ir desde la unilateralidad hasta esperar una nueva composición del mapa político español que sea más favorable a dar la voz a los catalanes.

La hemeroteca hierve

Por todo ello, las redes se han llenado los últimos días y meses con numerosas muestras de las contradicciones entre las declaraciones actuales y las de hace tan solo unos meses. Domènech, por ejemplo, encontraba lógico, en el 2013, que los independentistas sacaran adelante el referéndum aunque no fuera legal.

Sin ir tan atrás, esta misma legislatura el líder de Catalunya Sí que es Pot en el Parlament anticipó cuál tendría que ser la respuesta si en el 2016 no había referéndum. Una opinión que, por lo visto, también ha variado.

Años antes, la mano derecha de Ada Colau al Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello, fue todavía más allá y optó por la ruptura.

Los tuiteros también se han encargado de recuperar la posición tibia de ICV durante la consulta popular de Arenys de Munt, por boca de la actual concejala en Barcelona Laia Ortiz, mientras que algunos han refrescado la memoria del compromiso que se podía leer en el programa electoral del 27 de septiembre del 2015.

Los caminos de las alianzas de izquierdas y de los partidos independentistas parecen, de momento, lejos de juntarse. Habrá que ver si más adelante la inminencia de la cita, anunciada para septiembre como muy tarde, ayudará a reconciliar dos sectores que, sobre el papel, trabajan por un objetivo común.