El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, ha reiterado esta mañana en la Cadena Ser que su intención es proponer que se recurra la sentencia del caso en cuanto a los hechos del País Valencià, donde la Audiencia de Palma no vio delitos, lo cual implicaría una pena superior para Iñaki Urdangarin y Diego Torres.

Horrach se ha reafirmado en su intención de proponer a los fiscales del Tribunal Supremo un recurso de casación porque considera que en la País Valencià "hay indicios sólidos para poder imputar y ser condenados por delito de malversación de dinero público". La Audiencia no lo vio así porque entendió que los precios de los foros organizados en esta comunidad estaban "plenamente justificados".

También quiere recurrir la decisión de las magistradas de considerar CACSA como una entidad que no tiene que someterse a la ley de contratación pública.

Aumentar las penas

Según ha explicado, si el Tribunal Supremo aceptara su criterio, eso supondría aumentar las penas para los principales acusados, porque el delito de malversación comporta penas de entre cuatro y ocho años de prisión, vista la "notoria entidad de la malversación".

También insistirá en un delito de falsedad en documento público y documento mercantil que las magistradas de Palma han excluido para entender que los documentos presentados para sustentarlo "no tienen trascendencia a nivel jurídico".

Si el Supremo diera por probado este delito, también comportaría penas de prisión más altas para los principales acusados. El mismo pasaría con los responsables valencianos, para quien Horrach pedía penas de prisión -11 años para el exvicealcalde Alfonso Grau- pero fueron absueltos por el tribunal.

La presencia de Manos Limpias

En tercer lugar, propondrá en la Fiscalía del Supremo que recurra la decisión de la Audiencia de legitimar Manos Limpias para ejercer la acusación popular y sentar en el banquillo de los acusados a la infanta Cristina en contra del criterio de la Fiscalía.

Horrach, que siempre adujo que la Infanta estaba en el banquillo de los acusados "por ser quién es", no cree que su esposo haya eludido la prisión provisional también por ser quién es. También ha insistido en que él puede estar "de acuerdo o no con el acto" de la Audiencia, pero que sí es "razonable y motivado".

La Fiscalía había pedido para Urdangarin prisión eludible con fianza de 200.000 euros porque consideraba que sus circunstancias "rebajaban el riesgo" de fuga pero no lo anulaban del todo por la gravedad de las condenas.

A su manera de verlo, que se permita a Urdangarin seguir viviendo en Suiza, "es excepcional en la medida en que hay pocos casos en los que pase así, de que el condenado resida en otro país". Así, no cree que la decisión de Urdangarin responda a ningún privilegio" y tampoco le resulta extraño que el acta hable de "circunstancias notablemente conocidas" porque es "una persona con una posición social y personal muy conocida por las circunstancias que ha atravesado".

En el consulado

No obstante, sí ha añadido que no sería "ilógico ni irrazonable" que la obligación que comparezca una vez al mes ante la autoridad judicial local se traslade más bien a la Embajada o al Consulado español de la ciudad.

Horrach entiende que las medidas contra Torres sean un poco más duras -se le ha retirado el pasaporte- porque su condena es más grave, ocho años y medio delante de seis años y tres meses del exduque. Él, por su parte, ha explicado que pidió para Urdangarin una fianza -para eludir prisión- el doble que la de Torres porque la ley establece que hace falta tener en cuenta la situación económica de cada uno.

Sin embargo, el fiscal ha dejado claro que el daño que el caso ha ocasionado a una institución como es la jefatura de Estado no es una cosa que esté tipificada como agravante en el Código Penal. Y también ha añadido que, "afortunadamente", hace años que desapareció la alarma social como motivo de prisión preventiva, porque era un criterio "excesivamente ambiguo".

Finalmente, ha insistido en que todas las decisiones del caso Nóos las ha tomado con total autonomía, sin instrucciones de sus superiores ni del ministro de Justicia. "Me limité a comunicar a la teniente fiscal, Belén Suárez, lo que iba a solicitar, le pareció razonable y así se acaba todo", ha dicho.