El exconseller y exdiputado Francesc Homs ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el presidente español, Mariano Rajoy, por desobediencia al Constitucional. La denuncia, a la cual ha tenido acceso El Nacional, se ampara en la "nueva doctrina" con que ha sido condenado a inhabilitación el mismo Homs, y reclama el procedimiento legal para indagar las responsabilidades en que hayan podido incurrir todas aquellas autoridades "gubernamentales o judiciales" que de manera reiterada se hayan negado a acatar mandatos del TC. En este sentido se advierte que estos altos cargos del Estado habrían podido incurrir subsidiariamente en un delito de prevaricación.

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El pasado 30 de enero, Homs ya presentó una denuncia ante la fiscalía del TSJC contra Rajoy y el exministro de Sanidad Alfonso Alonso por desobediencia y prevaricación, con los mismos argumentos usados en la querella del 9-N, por desobedecer una sentencia del TC sobre subvenciones a cargo del 0,7% del IRPF. El 13 de febrero la fiscalía archivó la denuncia argumentando que las situaciones derivadas de la convocatoria del 9-N no se podían asimilar a la "presunta desobediencia" denunciada.

Homs ha presentado esta mañana una nueva denuncia, esta vez ante el Supremo, recogiendo la nueva jurisprudencia que este tribunal ha abierto a partir de su condena de inhabilitación por el 9-N. Mañana hará un mes que el político catalán tuvo que abandonar su escaño en el Congreso en cumplimiento de aquella sentencia después de que fuera condenado a un año y un mes de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia.

La denuncia presentada hoy se basa en que esta condena se sustenta en la desobediencia al TC y no en la cuestión concreta que se ha desobedecido. Por esta razón, "se pone en conocimiento del Tribunal una serie de hechos que afectan a varios altos cargos del Estado español y que, en aplicación de la misma doctrina, se considera que pueden ser también constitutivos del citado delito o, subsidiariamente, de un delito de prevaricación, ya sea administrativa o judicial".

Autoridades gubernamentales o judiciales

La denuncia se basa en que autoridades de carácter "gubernamental o judicial" se han negado "de manera manifiesta" a acatar pronunciamientos del TC, lo cual se pone en conocimiento del tribunal "dada la sorprendente pasividad de Fiscalía" al respecto.

"Si la negativa a acatar una sola sentencia ha sido suficiente para condenar a quien suscribe por desobediencia, ¿cómo no tendrá que apreciarse tal delito (o, subsidiariamente, una prevaricación), en el caso de autoridades que se han negado repetidamente y durante años a acatar determinados pronunciamientos de la jurisdicción constitucional?", se pregunta.

El procedimiento se argumenta con dos ejemplos, las subvenciones estatales para programas de interés general con cargo en el IRPF y las becas universitarias. La denuncia subraya igualmente "las negativas de los tribunales de justicia y de la Fiscalía General del Estado a acatar pronunciamientos de la jurisdicción constitucional".

Todo se basa en la "nueva interpretación del delito de desobediencia" derivado de la sentencia del 9-N, que no considera necesario un apercibimiento expreso a la persona que desobedece y hace también innecesaria "la nota de reiteración" en la conducta desobediente.

Ley igual para todos

Como conclusión, la denuncia de Homs advierte que si la ley, tal como aseguró el presidente Rajoy es igual para todos "sean quienes sean" y si él mismo ha sido condenado por desacatar una mera providencia sin haber sido requerido previamente, no hay ninguna duda de que "habrá que incoar" el correspondiente procedimiento penal con la finalidad de indagar las posibles responsabilidades en que haya podido incurrir en el pasado todas aquellas autoridades, gubernamentales o judiciales, que de manera reiterada se hayan negado a acatar mandatos claros e inequívocos derivados de numerosas sentencias del propio Tribunal Constitucional".

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