"Estoy muy tranquilo porque no hay ningún delito", así lo ha asegurado el exconseller de la Presidència, Francesc Homs. Tal como avanzó este miércoles Elnacional.cat, la Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la investigación contra el exconseller por haber autorizado tres gastos, que suman unos 58.000 euros, en el 2012, y que están incluidos en la causa de Exteriors. En una entrevista en la SER Catalunya, Homs ha recordado que el juez de instrucción archivó esta causa, la Fiscalía recurrió la decisión y que ahora la Audiencia de Barcelona dice que se tiene que investigar. "Se archivó, se ha vuelto a abrir y se volverá a archivar, no tengo ningún tipo de duda", ha añadido. La fiscalía acusa Homs y el exresponsable de Exteriors Senen Florensa de fragmentación irregular en la contratación de servicios por parte de una empresa para el desplazamiento y alojamiento de miembros de las comunidades catalanas en el exterior el año 2012. También se refiere a la adjudicación de un asesoramiento jurídico para un proyecto de dinamización internacional en materia de propiedad industrial y a una subvención directa a la fundación CatDem de unos 7.000 euros.
Intimidación al Govern
Según Homs, la causa judicial no va en contra de él, sino que el mensaje es hacia el Govern actual. "Se hace para intimidar al Govern para que no haga nada en acción exterior", ha argumentado. Homs ha añadido que no tiene ningún sentido que 10 años después se quieran sacar conclusiones penales de cosas que "no han sido nunca ninguna irregularidad administrativa". "Son cosas que se hicieron bien hace muchos años, el hilo conductor es que tienen que ver con la acción exterior y existe una voluntad de dirigirse contra el Govern actual", ha asegurado el exconseller. También ha añadido que el mensaje claro está "no hizo nada en la acción exterior", en este sentido, denuncia que "todos estos procedimientos buscan la parálisis", en este caso concreto, "la parálisis de la acción exterior. Hay un elemento de valoración política", ha afirmado. Homs se muestra muy tranquilo ante esta acusación, ha explicado que "lo que se nos dice, finalmente, que todo lo que nosotros hicimos en acción exterior, no se podía hacer". Por otra parte, se muestra convencido que "estas causas que tienen uno claro origen político y funcionan diferente de la administración de la Justicia", en esta línea, añade que para algunos, "la acción exterior de Catalunya, perjudica la unidad de España". Sobre la causa abierta del Tribunal de Cuentas por la promoción del procés independentista en el exterior, Homs ha detallado que hubo una liquidación provisional y ahora empezará la orden judicial.
La investigación
La titular del juzgado de instrucción 18 de Barcelona, que investiga si hay hechos delictivos en el gasto de la promoción de Catalunya en el exterior del 2011 en el 2017 a raíz de una querella de la Fiscalía del año pasado, archivó la acusación contra Homs porque no veía ninguna irregularidad. La Fiscalía presentó recurso y la Audiencia le ha dado ahora la razón, al asegurar que había que hacer una mínima instrucción. La magistrada considera que estos gastos no tienen nada que ver con la promoción exterior y ha pedido a la Fiscalía y las defensas si abre una pieza separada para investigar estos hechos o los junta a la causa principal de Exteriores, donde se investiga si los autores de once adjudicaciones, que suman unos 900.138 euros, han cometido malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental. A al exconseller Homs se le investiga por dos hechos, el primero es la aprobación de la contratación de un viaje y alojamiento para los asistentes del encuentro mundial de comunidades catalanas en el exterior, en mayo del 2012 en Barcelona, que se abonaron con dos expedientes de contratos menores de 17.850 euros cada uno. Es decir, un total de 35.700 euros. Y la Fiscalía le reprocha que lo adjudicó sin hacer un concurso público. El segundo hecho que se tiene que investigar es que Homs adjudicó, en noviembre del 2012, un estudio en el despacho de abogados Manubens, con un coste de 14.520 euros, para la realización de un asesoramiento jurídico para un proyecto de dinamización internacional en materia de propiedad industrial.