El eurodiputado ultraderechista Hermann Tertsch ha intervenido desde un restaurante en un debate sobre la lengua catalana en el Parlamento Europeo. El diputado de la formación de extrema derecha Vox ha dirigido unas palabras contra el Govern, que lo ha tildado de "socialcomunista", rodeado de botellas de licor. "Ya hay bastantes políticos separatistas que mutilan la lengua de nuestros hijos", han dicho con ruido de fondo de bar. Tertsch ha anunciado que ha pedido una "misión urgente" a Barcelona y a Canet de Mar para constatar en primera persona "los incumplimientos" de la sentencia del 25% de castellano. La intervención ha sido del todo surrealista, hasta el punto que los comensales que también comían en el mismo restaurante que Tertsch le han gritado: "¡Váyase a otro sitio!".
El ruido de la cubertería ha sido la banda sonora que ha acompañado la intervención del diputado europarlamentario de extrema derecha. Tertsch no ha escondido en ningún momento que se encontraba en un bar, muy probablemente, por la hora de la sesión, después de comer, con el ordenador sobre la mesa. Los comensales que disfrutaban de su comida en el restaurante le han gritado: "Váyase a otro sitio, por favor!", pero Tertsch no ha parado en ningún momento. De hecho, hacia el final de su discurso, ha movido la cámara y se ha podido ver con esplendor toda una colección de bebidas alcohólicas expuestas detrás del diputado de Vox.
Debate sobre el catalán
La presidenta de la denominada Assemblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, ha vuelto a comparecer en la comisión de peticiones del Parlamento europeo pidiendo apoyo, pero Rajka Lozo, de la dirección general de Educación de la Comisión Europea, ha indicado que la situación de la escuela catalana se trata de un asunto interno. Ha recordado que Bruselas solo puede intervenir cuando "se infringe la ley de la UE". "No parece que sea el caso con la información que tenemos", ha soltado cerrando el caso. La comisión de peticiones, que está presidida por Montserrat, ha intentado mantener de todos modos viva la petición de la entidad españolista, y ha anunciado que este organismo parlamentario ha dejado abierta la petición y enviará por su cuenta "un requerimiento" al Gobierno y el ejecutivo de Pedro Sánchez para que "se cumpla la sentencia". Los coordinadores del comité podrían debatir más adelante si envían una misión de eurodiputados a Catalunya para analizar la situación, según Montserrat. En su intervención, Losada ha acusado al Gobierno catalán "de atentar contra el estado de derecho" y ha pedido "ayuda a Europa". "El gobierno de España mantiene un silencio sospechoso", ha indicado también en tono crítico.
La intervención de la entidad españolista ha provocado la réplica de Junts y ERC, que han defendido el modelo de escuela catalana. El eurodiputado de Junts Toni Comín ha advertido que sin el modelo de inmersión lingüística se acabaría en un "bilingüismo asimétrico" donde el catalán representaría una lengua "residual" en Catalunya. "Es el sueño del nacionalismo español", ha recordado. Por su parte, la eurodiputada de ERC Diana Riba ha denunciado que se quiere "crear un problema donde no existe". "Creen que pueden ganar un voto más a costa de nuestra lengua. En el fondo es una cruzada del nacionalismo español, que busca uniformizar el Estado por miedo a la diversidad", ha dicho. En cambio, el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas ha recriminado en la Comisión Europea que rechace intervenir en lo que considera "una situación gravísima". Cañas ha acusado a la Generalitat de incumplir las sentencias e "impulsar" un supuesto acoso a las familias que piden el 25% de castellano. La eurodiputada del PP Rosa Estarás ha criticado que se intente vincular el catalán "al independentismo" y ha denunciado el caso de la escuela de Canet. Estarás se ha quejado de que la familia tenga que afrontar las costas por el proceso judicial y un hipotético "acoso" para reclamar castellano en la escuela. "Asedian al niño, lo matan", ha soltado. El eurodiputado del PSC, Javi López, ha asegurado, en cambio, que la sentencia del 25% "todavía es a tiempo" de aplicarse y que las autoridades catalanas "siempre han aplicado las sentencias en este ámbito". "Se han aplicado sigilosamente, pero se han aplicado", ha asegurado.