La Agencia Tributaria ha trasladado a la Audiencia Nacional, que investiga el caso Plus Ultra, que sus delegaciones en la Comunidad de Madrid y en el País Valencià han abierto "actuaciones de comprobaciones e investigación inspectora" sobre el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que está en el ojo del huracán. Estas investigaciones también afectan a su mujer, Sonsoles Espinosa, sus dos hijas, que han sido imputadas, y su amigo Julio Martínez Martínez, figura clave en la trama, además de diferentes empresas. Concretamente, Hacienda los investiga en relación con un posible fraude tributario en cinco impuestos: sociedades, IVA, IRPF, patrimonio y solidaridad de las grandes fortunas entre 2021 y 2025.
Estas sedes de la Agencia Trinutaria plantean al juez José Luis Calama paralizar los procedimientos inspectores para evitar entorpecer la investigación judicial que trata los posibles ilícitos tributarios y de contrabando por las polémicas joyas que la UCO encontró en el despacho del expresidente y por el que ha sido imputado por contrabando y delito fiscal. La delegación de Hacienda en el País Valencià tiene abierto un procedimiento de inspección a Julio Martínez y a 11 empresas vinculadas al amigo de Zapatero. Las investigaciones de la delegación de Madrid tienen por objeto las actividades del matrimonio Zapatero Espinosa y de sus dos hijas, Laura y Alba.
Parte perjudicada
En el mismo escrito en el que el juez Calama explica estas actuaciones, el magistrado informa de que “se tiene por personada” como perjudicada a la Agencia Tributaria, representada por la Abogacía del Estado, en la pieza relacionada con las joyas que le fueron encontradas al expresidente socialista en su despacho, y que arrojaron un valor de 1,3 millones de euros en una tasación preliminar. En el escrito en el que Calama invitaba a la Agencia Tributaria a formar parte de la causa recordaba que “la naturaleza” de los hechos investigados podía ser “constitutiva de un delito contra la Hacienda Pública y de un delito de contrabando”, los mismos por los que se investiga a Zapatero en esa pieza separada de la causa. A su parecer, este extremo “revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde” a la Agencia Tributaria. Por ello, Calama sitúa a Hacienda “como potencial perjudicada” y, por tanto, la considera legitimada “para ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes”.