El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha explicado que la decisión de imponer una mayor supervisión en las cuentas de la Generalitat se produce después de que el último informe remitido por el interventor general de Catalunya certificara que se habían realizado pagos con cargo a las partidas presupuestarias suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC), por estar destinadas a sufragar los gastos para el referéndum del 1 de octubre.
"La última certificación remitida, el jueves pasado 13 de julio, por la intervención general de la propia comunidad autónoma, certificaba que a finales del mes pasado se habían reconocido obligaciones con cargo al programa 132, que corresponde al epígrafe organización, gestión y seguimiento de procesos electorales", ha especificado Fernández de Moya en declaraciones a la COPE recogidas por Europa Press.
Concretamente, el texto de la medida publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) indica que el último informe reconocía obligaciones al programa presupuestario "132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales", anulado por la sentencia del TC, por valor de 19.370 euros y autorizaciones y disposiciones de gasto por importe de 25.520 euros (6.150 euros adicionales sobre los datos del mes precedente).
Fernández de Moya ha puesto el acento en que "la obligación del Gobierno español es "hacer cumplir la sentencia del TC", razón por la cual se han intensificado los controles presupuestarios sobre Catalunya para que "ni un solo euro de los catalanes quede destinado a un proceso que es ilegal e inconstitucional".
Por otra parte, se ha mostrado convencido de que durante los últimos años el Estado ha sido "el principal aliado de Catalunya" a través de los mecanismos extraordinarios de liquidez y de que "la Generalitat de Catalunya sabe perfectamente que al estar adherida al FLA tiene que cumplir la condicionalidad que se estableció".
José Enrique Fernández de Moya ha declarado que en aquellos casos en que los pagos de gasto "estén destinados a lo que significan los tramos que conciernen en el Fondo de Liquidez Autonómica", como vencimientos de deudas y pagos a proveedores, "no habrá ningún problema". "Los pagos seguirán con absoluta normalidad", ha manifestado.