Anomalías en contratos adjudicados por Red.es a Innova Next y The Valley Business. Es lo que ha detectado la Intervención General del Estado (IGAE), un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, en un informe que ha remitido a la Fiscalía Europea en el marco de la investigación del caso de Begoña Gómez. Son los contratos adjudicados a Juan Carlos Barrabés, el empresario que recomendó la mujer de Pedro Sánchez a través de unas cartas de recomendación que firmó como codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense. “Que se haya atribuido a la mesa de contratación la valoración de las ofertas con base en una distribución de puntuaciones entre valoración de criterios evaluables mediante un juicio de valor y valoración de criterios evaluables mediante fórmula que no responde a la realidad podría constituir un fraude de ley”, concluye el informe, de 303 páginas, al que ha tenido acceso ElNacional.cat.
“Se ha eludido que la evaluación de los criterios subjetivos fuera realizado por un comité de expertos, en el que no podría haber participado el director proponente del contrato, o por un organismo técnico especializado, lo que da mayores garantías de una evaluación ecuánime de las ofertas”, añade. Y reprocha que el informe de valoración lo firmó una sola persona y que la mesa de contratación tuvo un “comportamiento pasivo”.
“Los criterios de valoración establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas que rigieron las licitaciones de los expedientes de contratación objeto de análisis no se ajustan en su integridad al principio de selección de la oferta económica más ventajosa”, señala el informe. En este sentido, expone que la fórmula que utilizó Red.es para calcular la puntuación económica de las licitaciones, que es la utilizaba la entidad en otros procesos, “amortigua de manera muy importante las diferencias de puntuación derivadas de las diferencias en los precios ofertados, beneficiando a las ofertas más caras”. Y esto “no contribuye a conseguir que los licitadores presenten ofertas económicas competitivas”, sino que les “desincentiva de hacerlo” por la “escasa relevancia de la puntuación económica respecto de la puntuación total” y por el hecho de que la fórmula “reduce muy sustancialmente las diferencias de puntuación derivadas de las diferencias de precio”.
Una investigación a caballo entre la Fiscalía Europea y Plaza de Castilla
Se trata de una investigación que avanza en paralelo a la que se está desarrollando en los juzgados de Plaza de Castilla. En junio de 2024, el juez Juan Carlos Peinado se inhibió en favor de la Fiscalía Europea en lo relativo a los hechos y delitos relativos a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es a la UTE Innova Next SLU y Escuela de Negocios The Valley. El juez Peinado está poniendo la lupa en “todos los hechos, actos, comportamientos y conductas llevadas a cabo” derivadas de la relación entre Gómez y Barrabés. Hace meses, cuando declaró como testigo (antes de estar investigado), Juan Carlos Barrabés aseguró que se había reunido “cuatro o cinco” veces con Begoña Gómez en la Moncloa y que Pedro Sánchez habría estado presente en dos de los encuentros, organizados para discutir asuntos relacionados con la “innovación”.
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La causa se inició a raíz de unas cartas de recomendación que firmó Begoña Gómez: “Manifestamos nuestro apoyo a dicho programa, que persigue detectar, formar e incorporar al mercado digital a jóvenes desempleados”. La defensa de la mujer de Sánchez alega que no se recomendaba a Barrabés en concreto sino el proyecto en conjunto, que las cartas son habituales en los procesos de carácter tecnológico y que el mismo modelo se presentó por parte de grandes empresas tecnológicas y de otras instituciones públicas, como el Ayuntamiento de Madrid. El pasado mes de mayo, la Audiencia de Madrid consideró que Begoña Gómez “debía de venir aprovechándose de su proximidad al presidente del Gobierno para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias a cambio de contraprestaciones de la más diversa índole, encaminadas a proyectar su carrera profesional en la búsqueda de una posición privilegiada”.
Para conseguirlo, las empresas del Grupo Barrabés resultaban una “pieza clave en el desarrollo e implementación” de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense, utilizada como “plataforma desde la cual se urdieron el resto de actividades sobre las que se proyecta la sospecha delictiva”. “Esto explica el rápido desarrollo de la cátedra, con la diligente consecución de financiación por empresas sometidas a supervisión gubernamental o beneficiarias de importantes subvenciones o adjudicaciones de contratos públicos”, remachaba la Audiencia de Madrid.