La asociación 'Hablamos Español' ha presentado una querella ante un juzgado de instrucción de Barcelona contra el conseller de Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Buch, por los sucesos ocurridos el pasado domingo durante la manifestación convocada "contra la imposición lingüística" y "a favor de la libertad de la lengua en la escuela".
Esta asociación organizó el pasado domingo en Barcelona una manifestación bajo el lema 'Contra la imposición lingüística y el adoctrinamiento: Libertad' pero la marcha no pudo finalizar su recorrido debido a los momentos de tensión que se vivieron al coincidir con otra concentración movilizada por el colectivo independentista 'Acampada per la Llibertat' y que provocó momentos de tensión.
La querella se ha presentado contra el conseller Buch, el director general de Administració de Seguretat del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Jordi Jardi Pinyol, los diputados de JxCAT Aurora Madaula y Francesc de Dalmases y contra Frederic Bentanachs, fundador de 'Terra Lliure' y contra tres agentes de los Mossos d'Esquara, entre ellos el sargento responsable del dispositivo policial situado en Via Laietana-Plaça del Àngel.
En el caso del conseller de Interior y del director general de Administració de Seguretat, considera que existe prevaricación o, en su caso, por impedir el adecuado y normal ejercicio del derecho de manifestación al omitir las acciones oportunas para garantizar el normal desarrollo de la manifestación y el efectivo derecho de reunión pacífica y libertad de expresión.
En el caso de los diputados Aurora Madaula y Francesc de Dalmases y del fundador de Terra Lliure, lo hace por los delitos de desórdenes públicos, odio, constitución de grupo criminal a través de la denominada 'Acampada per la Llibertat', perturbación grave del desarrollo de una reunión o manifestación legalmente convocada, reunión ilícita y coacciones en su modalidad de impedir el ejercicio de un derecho fundamental.
Finalmente, se querella contra los tres agentes de los Mossos por omitir las acciones oportunas para garantizar el normal desarrollo de la manifestación y poner en riesgo la integridad de los manifestantes.