La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue investigando el posible caso de corrupción Azud, que salpicaría tanto a miembros del PSOE como del Partido Popular. Concretamente, en las últimas horas han registrado las empresas Acciona y Construcciones Luján, así como otras compañías de obras públicas que se habrían beneficiado en este caso, entre las cuales Construcciones Gimeno. Este dispositivo está dirigido por Anticorrupción y afecta adjudicaciones del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, entre las cuales destacan un tramo del trasvase Júcar-Vinalopó. Este fue licitado por el ministerio de Medio Ambiente, que entonces estaba dirigido por la ministra Cristina Narbona, que a día de hoy todavía es senadora por Madrid y vicepresidenta de la Cámara Alta.
Según informa Efe, uno de los registros se centran en un grupo empresarial de Castellón, al tiempo que se ha solicitado diversa documentación a la empresa Acciona. Además de las entradas y registros y los requerimientos judiciales de documentación, también se están tomando declaraciones a testigos e investigados, si bien no hay prevista la detención de ninguna persona. La UCO lleva a cabo esta investigación con apoyo de Europol, en unas diligencias bajo secreto de sumario y en una investigación que sigue abierta. Los registros se realizan por orden del juzgado de Instrucción 13 de Valencia en cinco empresas sobre expedientes relacionados con algunas de las piezas que aún permanecen secretas del caso Azud y sobre un PAI (Plan de Actuación Integrada) en Jijona (Alicante).
El caso Azud
El sumario del caso Azud investiga una supuesta trama corrupta de sobornos y comisiones ilícitas a cambio de la adjudicación de grandes proyectos inmobiliarios y contratos públicos en Valencia y tiene entre sus considerados cabecillas a empresarios, abogados y políticos del PP y PSPV, como el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau (PP) o el exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio (PSPV-PSOE). Este mismo martes, la titular del juzgado de instrucción número 13 de Valencia ha acordado prorrogar treinta días más el secreto parcial de cinco piezas separadas del caso Azud y de varios folios de la causa principal, si bien ha levantado el secreto referido a la documentación que fue intervenida en soporte informático, telemático y de telefonía móvil.
Por otro lado, en la resolución de la ejecutiva federal socialista del País Valencià, fechada el pasado sábado, se ha adoptado al considerar que si se verifica la vinculación con ese caso de José María Cataluña, quien ahora no ocupa ningún cargo en el partido y es militante de la agrupación de Gilet (Valencia), podría haber incurrido en faltas graves y muy graves de los estatutos del partido.