La Guardia Civil interrogó el pasado día 7 a Gemma Recoder, una de las organizadoras del acto por el sí en el referéndum celebrado el 29 de septiembre de 2017 en Montjuïc (en la foto). Según explica Recoder, "me citaron a declarar como responsable de llevar artistas al acto del 29-S. Quieren saber quién cobró". Recoder es directora artística del Canet Rock y del festival Luz de Gas, entre otros eventos.
Recoder ha dicho este sábado que "artistas y organización [del mencionado acontecimiento] trabajamos gratis". También ha descrito la presión con que los agentes querían intimidarla. "Al iniciar la declaración me dijeron que tienen imágenes de mí en manis y actos reivindicativos". Recoder acaba diciendo. "¡Defendemos nuestros derechos sin miedo!"
Este interrogatorio es otro más de los que practica la Guardia Civil como policía judicial "en relación a una investigación acordada por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona", como dice la citación policial. El titular de este juzgado es Juan Antonio Ramírez Sunyer, el más activo en la investigación del 1-O.
Em van citar a declarar com a responsable x portar artistes a l'acte del 29S.Volen saber qui va cobrar. Artistes i organització vam treballar de franc.A l'iniciar la declaració em van dir que tenen imatges meves a manis i actes reivindicatius.Defensem els nostres drets sense por! pic.twitter.com/ry03CGSwwA
— Gemma Recoder M (@GemmaRecoderM) 9 de febrero de 2018
No cobraron nada
La policía militarizada española investiga desde hace días el acto final de la campaña por el sí en el referéndum del 1-O. Sus agentes han llamado por teléfono a los grupos de música que actuaron para pedirles las facturas del concierto. Entre otros a Sopa de Cabra, como ha explicado su cantante, Gerard Quintana. En estos casos no los citado a declarar. Quintana, como Recoder, explicó que no cobraron nada y que "cada uno asumió sus gastos".
Las defensas de algunos de los citados a estos interrogatorios han pedido al juez que los pare, al considerar que están fuera de la tutela judicial y se llevan a cabo fuera del proceso, sin que las partes puedan asistir, lo que genera indefensión, según los abogados.
El juez ha desestimado la última petición conocida en este sentido, alegando que los derechos de la defensa "se limitan a las actuaciones judiciales realizadas por el juzgado que lleva la causa y no por las actuaciones de investigación practicadas por la policía judicial", en referencia a la Guardia Civil.