"Negativo." Es lo que ha respondido la Guardia Civil al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de su encargo de localizar al diputado de ERC Ruben Wagensberg, tras hacerse público que se había marchado a Suiza a raíz de su imputación por el delito de terrorismo por el caso de Tsunami Democràtic, junto con el president Carles Puigdemont, la secretaría general de ERC, Marta Rovira, y nueve personas más. El oficio, adelantado por El Món y al que ha tenido acceso ElNacional.cat este viernes, detalla: "Después de realizar las gestiones y comprobaciones oportunas en las viviendas que podrían ser sus habituales lugares de residencia, estas por el momento han dado un resultado negativo, y no ha sido posible localizar a la persona reseñada".
Con todo, la investigación contra Wagensberg ya no está en manos del juez García-Castellón. Recientemente, el Tribunal Supremo se ha declarado competente para investigar al diputado de ERC, junto con el president Puigdemont, por terrorismo en la causa de Tsunami, por su aforo. La instructora del Supremo, la magistrada Susana Polo, deberá citar a declarar a Wagensberg como investigado y se verá si el diputado regresa o no al estado español. En el caso del president Puigdemont, la magistrada necesita el permiso del Parlamento Europeo —el llamado suplicatorio— para hacerlo, y ante las elecciones, lo ha descartado, según fuentes judiciales.
Competencia discutida
La defensa del president Puigdemont, ejercida por Gonzalo Boye, lleva tiempo denunciando que el Tribunal Supremo no es el competente para investigarlo porque no existe ninguna norma que dé esta potestad al alto tribunal español, el cual en su jurisprudencia precisa que igual que tiene competencia para investigar a los diputados del Congreso y del Senado, también a los del Parlamento Europeo.
Las defensas de los líderes independentistas catalanes también plantearon que el Supremo no era el tribunal competente, sino el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), o un juzgado catalán para los no aforados. El abogado de Wagensberg, el penalista Andreu Van den Eynde, seguramente también mantendrá esta postura, tal como hizo para los líderes de ERC en el juicio del Supremo.
En el caso de Wagensberg, el Supremo apela al Estatut, que sostiene que las causas de aforados serán competencia del alto tribunal español cuando las acciones superen el ámbito del territorio catalán. Y en el caso de las protestas contra la sentencia del procés, impulsadas por Tsunami, considera que se hicieron acciones fuera, como el intento de bloquear el aeropuerto de Barajas, sin tener ningún efecto. Es el mismo argumento que usó para quedarse la causa del 1-O, con uno de los gastos a escala internacional.
Indicios delictivos
Si los indicios contra el president Puigdemont son retorcidos, al hacerle autor mediado del delito de terrorismo (es decir, usando a otras personas) por, supuestamente, haberse aprovechado de los manifestantes para intentar subvertir el orden constitucional con las protestas, los de Wagensberg no se quedan cortos.
El Supremo reproduce conversaciones del diputado de ERC con el empresario Oriol Soler para acordar como difundir la aplicación de Tsunami Democrátic para convocar manifestaciones contra la sentencia del procés. Nada más.