Las elecciones europeas, que se celebrarán el 9 de junio en el Estado español, han trastocado, en parte, los planes del Tribunal Supremo en su persecución al president en el exilio, Carles Puigdemont. La instructora de la causa por terrorismo, Susana Polo, tiene que pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo si quiere interrogar al diputado por Junts, una petición que tiene que estar bien fundamentada y que inicialmente la magistrada ha descartado hacer por falta de tiempo porque se encabalgan con los comicios europeos, según fuentes jurídicas. Por eso, es muy probable que la instructora del Supremo ofrezca a Puigdemont si quiere declarar de forma voluntaria, tal como permite la ley, y como el magistrado Manuel García-Castellón ofreció, en la causa de Tsunami Democràtic, a Puigdemont y al diputado de ERC, Ruben Wagensberg. Ninguno de los dos lo aceptó.
La entrada en vigor de la ley de amnistía del Procés, prevista para finales de mayo, también pondrá palos en las ruedas al Tribunal Supremo en las dos causas que tiene abiertas contra el president Puigdemont: la de malversación por el 1-O y la de terrorismo. Nadie duda de que la sala de lo penal del Supremo, que preside Manuel Marchena, presentará consultas, las llamadas cuestiones prejudiciales, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si la ley del perdón penal encaja en las normas europeas, sobre todo por incluir el delito de terrorismo -todo y que quedan excluidos los casos más graves- y la malversación que no implique beneficios personales. Esta consulta implicará que las dos causas contra Puigdemont queden paradas. La consulta a Europa detiene la aplicación de la amnistía, pero también ata a los jueces porque no podrán avanzar las causas ni ordenar medidas.
El resto de procedimientos penales y contables relacionados con el Procés no se tienen que ver paralizados si no se eleva una consulta. Será cada juez y tribunal, que de oficio o pedido por las partes, aplique la amnistía de su procedimiento; es decir, el archivo.
Incertidumbre en el exilio
La ley orgánica de Amnistía afirma que quedarán sin efecto las órdenes de detención, es decir, las medidas cautelares, y las causas abiertas por el Procés. Actualmente, el magistrado Pablo Llarena tiene activa la orden de detención en el Estado español del president Puigdemont por la causa del 1-O, que tendría que decaer según la ley de amnistía, y por eso se ha vuelto a asegurar que el president Puigdemont podría volver a Catalunya este verano. Sin embargo, habrá que ver la interpretación que hace Llarena porque la consulta a los jueces de Europa paralizará la aplicación de la ley de amnistía.
Jové, Salvadó y Garriga
Además del Tribunal Supremo, también está previsto que el juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso de Tsunami Democràtic presente una consulta al TJUE. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha celebrado distintos juicios que ahora pueden ser amnistiados, aunque gran parte son inhabilitaciones ya cumplidas. Por ejemplo, el president Artur Mas para convocar la consulta del 9-N del 2014, los juicios a dos meses del Parlament, o del presidente Quim Torra.
Lo más complicado es saber qué pasará con el juicio a los excargos de Economía, el diputado de ERC, Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, acusados de organizar el 1-O y a quien la Fiscalía pide penas de hasta 7 años de prisión para Jové. El juicio se ha fijado que empiece el próximo 10 de abril y acabará a finales de mayo, cuando la ley de amnistía entre en vigor. Se espera que la defensa de los cargos de ERC presente una petición de suspensión del juicio, que también podría hacer al tribunal, presidido por Jesús María Barrientos, de oficio, tal como ha hecho recientemente la sección de apelaciones del TSJC en una revisión de una condena a un activista.
Tribunal Constitucional, aparte
La ley de Amnistía entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, desde entonces, los tribunales tendrán que aplicarla con carácter "preferente y urgente" en un plazo máximo de dos meses, según indica la norma. La treintena de excargos públicos investigados en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona tendrían que ser de los grandes beneficiados, a pesar de que la tramitación ha sido un calvario para ellos, con el bloqueo de cuentas corrientes personales y todo.
Aparte de las consultas en el TJUE sobre si la ley de amnistía encaja en el derecho de la Unión, también se espera que el PP y VOX presenten cuestiones de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Los recursos de los partidos no paralizan la ley, aunque pueden pedir al Constitucional que lo haga de forma cautelar, pero no se espera que lo apruebe este tribunal que ahora tiene unos componentes más progresistas.