La Guardia Civil ha acreditado que la Generalitat se gastó como mínimo 1,5 millones de euros en el referéndum del pasado 1 de octubre, una información contradice los informes que les había remitido el Govern, en los que acreditaba que ninguna conselleria había destinado fondos públicos para el 1-O. Así lo reflejan en un informe entregado el pasado uno de febrero en el Tribunal Supremo.

En el citado documento, al que ha tenido acceso Europa Press, la Guardia Civil recuerda que ya ha acreditado un gasto en publicidad en medios de comunicación para el referéndum de 502.639,61 euros sin contar el IVA. A esta cantidad añade ahora otra cercana al millón de euros (979.661,96 euros sin incluir el IVA), aunque precisa que aún está por determinar, destinada a los nombramientos de componentes de mesas electorales y tarjetas censales y añade la referencia de la empresa Unipost.

Los agentes exponen en su informe que continúan realizando gestiones para determinar el coste total del referéndum, atendiendo a otras líneas de investigación, entre las que citan las relacionadas con el papel que desarrolló el Diplocat, que dirigía el Consejero de Exteriores, Raül Romeva.

En relación con este último asunto, el informe menciona la investigación que se lleva a cabo de las transferencias realizadas por la delegación de la Generalitat en Bruselas sumando un importe de casi 140.000 euros destinadas a The Hague Center for Strategic Studieses, que "pudieran estar relacionadas" con los gastos de los observadores internacionales que envió esa empresa al 1-O.

La Guardia Civil destaca en el informe la "opacidad" de la Generalitat que se ha puesto de manifiesto en la contestación al mandamiento judicial de 30 de octubre, por el que el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona solicitaba que se le informase de los costes económicos del referéndum.

La Asesoría Jurídica de la Generalitat respondió al Juzgado que ningún departamento había incurrido en coste alguno para el 1-O. Aquella respuesta recopilaba las que habían proporcionado cada uno de los directores de servicio de las distintas consejerías y de Presidencia de la administración catalana. Una de ellas iba firmada por Elsa Artadi, mano derecha de Puigdemont, y otra, por Natalia Garriga, que resultó detenida en la 'operación Anubis' llevada a cabo el pasado 20 de septiembre contra los organizadores del 1-O.​