El grupo promotor de la ILP de Vivienda han presentado este miércoles un manifiesto para exigir al gobierno español la retirada inmediata del recurso que interpuso al ejecutivo del PP en el Tribunal Constitucional contra la Ley de Vivienda y ha reclamado que la Generalitat priorice de su agenda "la aplicación total, efectiva e inmediata" del texto, incluidos los convenios con las suministradoras para que asuman las deudas de las familias en exclusión residencial.

Al manifiesto han dado apoyo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el alcalde de Sabadell, Maties Serracant, y varias entidades como el Colegio de Abogados de Barcelona, los sindicatos CCOO y UGT, Òmnium, la ANC, la Federación Catalana de Municipios y el Sindicat de Llogateres, entre muchos otros.

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Lucía Delgado, ha pedido que la retirada del recurso se acuerde en el Consejo de Ministros de este mismo viernes ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional emita la sentencia en breve y se ha mostrado convencida de que esta ley se recuperará.

El manifiesto denuncia que cada día hay 43 desahucios, el 65% de los cuales son alquileres, serie de los de hipoteca, a más de advertir que cada día "aumentan los de familias que acceden precariamente a viviendas vacías".

Asimismo, señala que la ley "garantizó una según oportunidad a las familias, se pararon miles de desahucios, aumentó el parque de vivienda pública, se aseguraron realojamientos adecuados y también va asegurado el acceso a los suministros básicos con una protección más extensiva que el bono social".

Además, el manifiesto ve la Ley 24/2015, suspendida en su parte de vivienda, un "instrumento imprescindible para parar y revertir la exclusión residencial" y asegura que de haber sido vigente ya se hubieran impedido unos 45.000 desahucios.

Sobre el recurso del PP, el manifiesto carga contra los populares para "actuar premeditadamente en contra de la protección de este derecho y a favor de los intereses privados de la banca y los fondos buitre".

"De esta manera, la sangría de desahucios tiene que ser atendida sólo con recursos públicos, mientras la banca, rescatada con dinero público, sigue acaparando recursos sin ningún retorno social, enriqueciéndose desmesuradamente a pesar de ser parte responsable de la mala praxis bancaria y la emergencia que sufre la población", continúa el texto, que avisa de que el parque público de vivienda no llega al 2%.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha explicado que desde que la Ley de vivienda fue impugnada se habrían evitado que 600 familias hubieran sido desahuciadas en Barcelona. Se trata de una cifra de la cual el Ayuntamiento tiene constancia, aunque se ha mostrado convencida que "seguro que son más". Por eso, considera que "ilustra la urgencia" que el recurso se retire inmediatamente.

Desde la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona y del Libre Ejercicio del ICAB, Roger Zapato, ha afirmado que la ley era un "tope" para "el ataque de los derechos más básicos" y ha añadido que "cualquier actuación contra esta ley es "reaccionario, insolidario y cruel," mientras que dos representantes de los Bomberos indignados y UGT-Bombers, José Luis Pagán y Xavier Díaz, han advertido que con el aumento de la precariedad comporta que también suba la siniestralidad.

Por su parte, el secretario de  Política Territorial, Acció Social, Barcelonès i Migracions de CCOO, Toni Mora, ha destacado que todavía "hay mucha gente que no ha salido de la crisis" y que se encuentran en situación de una "emergencia habitacional" o que han sido expulsados de su casa.