El Govern presentará una denuncia contra las detenciones practicadas por el Cuerpo Nacional de Policia ayer miércoles en las comarcas de Girona por si los hechos pueden ser constitutivos de un delito de detención ilegal. Paralelamente el vicepresident Pere Aragonès i la consellera de Presidència, Elsa Artadi, exigirán hoy explicaciones a la vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, sobre la actuación policial "inaceptable" el miércoles en las comarcas gerundenses.
El Govern considera que detrás de las detenciones de los alcaldes de Verges y de Celrà, así como del fotoperiodista de El Nacional y de varios ciudadanos, sin orden judicial, pueden ser un delito. El Gobierno recuerda que el artículo 167 del Código Penal castiga tanto al particular como al policía que haga una detención fuera de los casos que autoriza la ley.
El ejecutivo sostiene que "el derecho a la libertad es uno de los fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, no sólo para venir recogido expresamente en el artículo 17 de la Constitución, sino porque en su artículo primero se señala a la libertad como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico".
En este contexto, defiende que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 prohíbe la detención arbitraria (artículo 9); también cita el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 16 de diciembre de 1966, que establece además que la detención solo podrá acordarse por las causas legalmente previstas; y la Convención para la Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las libertades Fundamentales, hecho a Roma el 4 de noviembre de 1950, que establece los supuestos en que una detención es legítima.