El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha denunciado que el proyecto de ley de servicios sociales que prepara el ejecutivo español supone una "maniobra recentralizadora" que desde el Govern no están "dispuestos a aceptar". "En 40 años no se había producido un ataque tan flagrante de la competencia exclusiva de los servicios sociales", ha aseverado el conseller durante una conferencia en el Foro Social de la Fundació Pere Tarrés. Campuzano ha confiado en que la ley no se apruebe en el Congreso de los Diputados, pero ha advertido que la Generalitat la recurrirá "hasta donde haga falta". El proyecto de ley, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales que encabeza Ione Belarra y aprobado por el Consejo de Ministros este martes, establece que las autonomías tendrán que acordar en el Consejo Territorial de Servicios Sociales un catálogo común de servicios y prestaciones básicas para todo el territorio nacional.
"La ley relega a la Generalitat a tener una función puramente gestora"
Aunque el Gobierno ha asegurado que la ley se ha hecho desde "el pleno respeto a las competencias autonómicas", desde el Govern consideran que supone una invasión de las competencias en servicios sociales y que relega a la Generalitat a tener una función "puramente gestora". "Catalunya, desde el Estatut de Sau, disfruta de la exclusividad de las competencias en servicios sociales. Ninguno de los intentos que ha habido a lo largo de la historia ha conseguido revertirlo y ahora tampoco estamos dispuestos a que pase", ha remachado Campuzano. En este sentido, el conseller ha instado al Estado español a resolver problemas de fondo, como la infrafinanciación de los servicios sociales, "una losa que afecta a los ámbitos de la atención en la dependencia, a los servicios sociales de atención primaria, a los criterios de reparto del 0,7 del IRPF o la acogida de menores."
En su coloquio, Campuzano también ha aprovechado para reivindicar la necesidad de que se aprueben los presupuestos y que la legislatura catalana dure. "No se entendería que por puro cálculo electoral aquellos que han estado negociando los presupuestos dejaran el país tirado", ha afirmado el conseller, y ha deseado que el sentido de la responsabilidad se imponga. A este respecto, ha destacado el apoyo tanto de los comuns como de la Mesa del Tercer Sector. El conseller ha apuntado que los presupuestos "tienen que permitir el incremento del indicador de renta de suficiencia de Catalunya (IRSC), que lleva 10 años congelado y que beneficiaría a 170.000 personas" y también, "abordar seriamente las listas de espera de dependencia".
¿Qué cambia la nueva ley estatal de servicios sociales?
La ley impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, llamada ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y el disfrute de los servicios sociales, sería la primera ley en el ámbito estatal en esta materia en España. El objetivo de la norma es establecer un mínimo de servicios básicos y garantizar la igualdad de acceso a las prestaciones en todos los territorios. Así, elimina el requisito de empadronamiento y reconoce el derecho de todas las personas con residencia en el territorio español con independencia de su situación administrativa para el acceso a estos servicios. "Uno de los objetivos es acabar con los laberintos burocráticos a los servicios sociales; a una persona que necesita el Ingreso Mínimo o la teleasistencia no se le puede poner ningún requisito adicional que dificulte este derecho", afirmó Belarra.
Otro de los cambios que introduciría esta norma, que todavía se tiene que aprobar en las Cortes, es que cuando una persona acceda a un servicio o prestación básica en una comunidad autónoma, no pierda este servicio si se marcha a vivir a una localidad de una autonomía diferente. Por otra parte, desde el Ministerio han explicado que se busca hacer una transición hacia una atención "más personalizada, más integral e inclusiva, reduciendo las barreras de acceso a la protección social", y alejarse así del modelo centrado en la emergencia y el enfoque asistencialista. Belarra ha afirmado que la "ley consolidará en la legislación la modernización de los servicios sociales, que cuenta con una inversión de los fondos europeos de 875 millones de euros entre 20221 y 2023".