El Govern de la Generalitat empezará a tramitar este martes la Ley de la Dirección Pública Profesional, con la cual quiere que los cargos directivos de la administración se elijan mediante procesos de selección "abiertos y objetivos" y no de forma discrecional por parte del poder ejecutivo, como paso ahora. Así lo ha anunciado en una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, que previamente se ha reunido, acompañado por el presidente del Govern, Salvador Illa, con representantes del Foro de Entidades para la Reforma de la Administración (FIERA), del Comité de Expertos de la Reforma de la Administración (CETRA), la Cambra de Barcelona, Cecot, UGT y CCOO. El Consejo Ejecutivo aprobará mañana martes la memoria preliminar, un informe que tiene la finalidad de describir la necesidad de redactar una norma y el alcance que tendrá. Según el ejecutivo, el informe está basado en las recomendaciones del OCDE y las buenas prácticas de países vecinos, como Portugal. Albert Dalmau ha defendido que este lunes se da "un paso muy significativo" con la finalidad de "reducir el espacio de decisión política arbitraria en la elección de los altos cargos de la Generalitat".
Bajo la premisa que la administración solo puede transitar por los caminos de la "reforma" o del "colapso", Albert Dalmau ha explicado que con este "cambio radical" en los sistemas de selección se evitará que "entre 400 y 900" cargos directivos de la Generalitat sean relevados cada vez que el Gobierno cambia de color político. Si los plazos previstos por Dalmau se cumplen, el proyecto de ley de esta norma será aprobado durante el primer trimestre del 2026 y empezará entonces el trámite parlamentario. Concretamente, la norma que propone el gobierno dará una definición jurídica de la figura del directivo público profesional, con una "clara clasificación de los cargos directivos", así como un sistema concreto de selección basado en el mérito, con un procedimiento "abierto y objetivo". El conseller ha dicho que el propuesto es "un cambio cultural" que tiene que servir para adoptar un modelo ya existente en administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona -del cual Dalmau fue gerente: "Creemos en la política (...) Queremos atraer el mejor talento, venga del ámbito público o privado, y para eso necesitemos unas reglas del juego".
Procesos de selección abiertos y objetivos y evaluaciones periódicas
La Ley de Dirección Pública Profesional definirá jurídicamente la figura del directivo público profesional y establecerá dos niveles de dirección que afectará a los cargos de directores generales y subdirectores generales, el tercero y cuarto nivel de la administración, respectivamente. En el caso de las subdirecciones generales, la norma mantendrá que sean cargos directivos para funcionarios de carrera, mientras que las direcciones generales podrán ser ocupadas por perfiles de fuera de la administración: "Queremos atraer el mejor talento, venga del ámbito público o del ámbito privado", ha defendido Albert Dalmau, conseller de la Presidencia. La ley establecerá también un sistema de selección que esté basado en "el mérito, la capacidad, publicidad e idoneidad, mediante un procedimiento abierto y objetivo" y se constituirá una "comisión de calificación independiente" que evalúe a los candidatos. Los nuevos cargos directivos tendrán "mandatos temporales limitados" en que tendrán que cumplir con "objetivos cuantificados y calificables" y, con esta finalidad, se incorporarán "sistemas de evaluación periódica". El texto también habilitará un régimen transitorio entre el actual sistema y hasta que se despliegue el nuevo modelo.
Después del proceso quedarán tres candidatos y aquí sí que será el conseller o consellera de turno quien tenga la última palabra. "La competencia de nombrar, evidentemente, siempre es del Govern, la política también tiene un espacio, pero podrá nombrar después de que una persona haya pasado por este proceso selectivo", ha sostenido Dalmau, que ha explicado que la medida podría afectar hasta 900 cargos entre directores y subdirectores generales. Hoy por hoy, los nuevos niveles de dirección que se establecerán y los procesos de selección no afectarán a los secretarios generales - que son el número dos de cada conselleria - ni los secretarios sectoriales, que tienen rango de secretaría general y se crean en función de "la complejidad técnica u organizativa" de los departamentos. Estos mantendrán su carácter discrecional en su nombramiento por parte de los consellers del Govern.
Negociación con los grupos parlamentarios
El conseller Dalmau ha sostenido que la reforma cuenta con el consenso de la sociedad civil y de las entidades promotoras de la reforma de la administración, con las cuales se ha escenificado el acuerdo este lunes a la Generalitat, y ha hecho un llamamiento al consenso de los partidos políticos al Parlamento. Ha detallado que después del proceso de consulta pública, el Govern aprobaría la norma a principios del año 2026, cuando empezaría el trámite parlamentario, que se alargaría durante aquel año. Dalmau ha dicho que para aprobarla "necesitaremos sumar mayorías. Ahora bien, también les digo que este es un camino que el Gobierno está dispuesto a transitar". Esta ley, que empezará a andar mañana, forma parte de una serie de medidas con las cuales el Gobierno de Salvador Illa se ha propuesto reformar la administración. El ejecutivo ha impulsado la incorporación de consellers independientes a los consejos de administración de las empresas públicas, ha aprobado un nuevo sistema de atención ciudadana y ha convocado becas para estudiantes que quieran opositar. También ha participado en el registro de una ley con ERC y Comuns para prohibir la cita previa obligatoria e incluir el reconocimiento del derecho al error tanto de los ciudadanos como de los funcionarios.