La Generalitat exigió durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebraba este jueves a las 17h en el ministerio de Hacienda y Función Pública en Madrid los 688 millones de euros que el Estado debe a Catalunya por los servicios prestados durante el periodo 2009-2017 en materia de seguridad y la ampliación de la plantilla, a través del cuerpo de Mossos d'Esquadra. Así lo expueso el conseller de Justicia, Carles Mundó, quien sustituyó al vicepresident y responsable de Economía, Oriol Junqueras, y llegó acompañado del secretario del ámbito, Pere Aragonès.

Mundó recordó que este compromiso se asumió en el marco de la última Junta de Seguretat celebrada en Barcelona, donde asistieron el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, el conseller homólogo, Jordi Jané –ya cesado– y otros miembros del Govern. La cuestión es que la Junta no se había reunido desde el 2009, de modo que la Generalitat quiere que el dinero, que ha sido fruto de "incumplimientos" pasados y supone una "obligación" –pues los Mossos ejercen la función de policía catalana– le sean abonados e ingresados en su presupuesto.

Así las cosas, fuentes del gobierno catalán explicaron a El Nacional a la salida de la reunión que el conseller Mundó tuvo que pedir hasta en dos ocasiones durante el CPFF si se abonaría la cantidad prevista. Montoro y Santamaría habrían intentado esquivar el tema en primera vuelta cuando era el turno de las autonomías, pero en la segunda echaron pelotas fuera con un "lo miraremos", según las fuentes consultadas por este diario.

Si bien, no es de esperar que esta cuantía cubra el incremento de plazas de Mossos hasta llegar al incremento de 500 efectivos prometidos por la Generalitat hace unos días. Hacienda requirió al Govern, a través de un comunicado, que sólo lo podía hacer en 50, amparándose en la Ley de Presupuestos, pero en Economía decidieron aplicar su criterio y ampliar la cifra prometida. De ese modo, fuentes del gabinete de ministro Cristóbal Montoro consultadas por El Nacional afirman que los 450 efecitvos restantes irán a cargo de las arcas públicas catalanas porque Hacienda ya ha fijado un tope.

El orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin embargo, consistió en abordar el techo de gasto y la fijación de los objetivos de déficit individuales para cada comunidad autónoma, aunque este será el mismo para todas. El ministro Montoro y la vicepresidenta y ministra de Administraciones Territoriales, Soraya Saénz de Santamaría, presidieron la reunión, donde asimismo abordaron el informe de los expertos que debe servir como evidencia y marco conceptual para el nuevo sistema de financiación que el Gobierno quiere impulsar para el Estado.