La Generalitat negocia con el Gobierno y los grupos parlamentarios en Madrid la introducción de una disposición adicional a la futura ley de eficiencia organizativa del sistema judicial para evitar que desaparezcan las funciones del juzgado de paz en Catalunya. La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, lo ha trasladado a la Conferencia sectorial de la administración de justicia, que se ha celebrado este viernes en Pamplona, donde también estaban presentes el resto de autonomías que tienen competencias judiciales, así como la ministra de Justicia, Pilar Llop. Usabart ha asegurado que las negociaciones van por buen camino y que la futura ley podría prever una excepción para mantener el papel de los jueces de paz catalanes.

Por parte del Ministerio de Justicia se está trabajando en una triple reforma de la Ley orgánica del poder judicial para introducir mejoras a nivel organizativo, procesal y tecnológico. Se trata de tres proyectos de ley que están actualmente en trámite al Congreso y que replantean el actual sistema de justicia. Las tres normas se enmarcan dentro del Plan Justicia 2030, que tiene como objetivo acercar el servicio público de justicia a los ciudadanos. Una de las medidas que prevé el proyecto de eficiencia organizativa es la supresión de los jueces de paz, que serían sustituidos por las llamadas oficinas de justicia municipales. En el trámite de enmiendas de esta norma, la mayoría de grupos catalanes ha posicionado en contra de la desaparición de esta figura por razones de arraigo en el territorio.

Preocupación por la derogación de los juzgados de paz

Usabart ha reconocido que la nueva ley moderniza el sistema judicial y la ve con buenos ojos, pero "les preocupa la derogación de facto' de los juzgados de paz". La consellera en declaraciones en la ACN ha indicado que en muchos municipios del resto del estado no tienen mucha importancia, pero los 898 que hay en Catalunya "hacen un trabajo importante y están arraigados en el territorio". La consellera ha recordado que estos jueces son elegidos por mayoría absoluta en los plenos de los municipios y tienen una "legitimidad ciudadana que le da mucha fuerza", con funciones importantes como un cierto "liderazgo natural" a la comunidad, hacen tareas de mediación, suponen una primera entrada al sistema judicial ordinario, que ayudan a descongestionar, y aportan "valor añadido como una mirada más de justicia restaurativa y no tan punitiva en la resolución de conflictos", ha relatado.

El arraigo de estos juzgados Catalunya que ha explicado a la consellera es que el motivo por el cual las conversaciones con el ministerio y los grupos parlamentarios van en la línea de "blindar" estas funciones, se ha visto "buena voluntad" y el Gobierno "entiende que en Catalunya esta figura es importante". Ubasart ha recordado que la figura de los juzgados de paz está recogida en el Estatuto, y considera que instaurar las nombradas oficinas de justicia municipales es compatible con garantizar las funciones de los juzgados de paz a Catalunya.

Liberación de carga de trabajo

Los juzgados de paz también tienen un papel muy relevante en cuanto al aligeramiento del trabajo de los juzgados y es que, según el Departament de Justicia, los jueces de paz ahorran entre un 15% y un 18% de trabajo en los juzgados. Su supresión se podría traducir en un aumento del total de expedientes que entran a los juzgados. Entre sus tareas principales están la de resolver pequeños conflictos a través de la medicación y evitar así judicializar temas del día a día entre vecinos, por ejemplo. Justicia ha destacado también que acostumbran a ser la primera puerta de entrada al sistema de justicia, especialmente en municipios pequeños o alejados de núcleos de población con órganos judiciales de primera instancia e instrucción.

En Catalunya todos los municipios en los cuales no hay juzgado de primera instancia e instrucción, si hay un juzgado de paz. En total, están presentes en 898 municipios, de los 947 que hay en toda Catalunya. Actualmente, tienen competencias en los ámbitos civiles, penales y de Registro Civil. Tratan, en el ámbito civil, los asuntos de cuantía inferior a 90 euros. En el penal, desde julio de 2015 gestionan básicamente actuaciones de auxilio judicial (exhortos), ya que las faltas que se atendían hasta aquella fecha se han transformado en delitos respecto de los cuales ya no tienen competencias.