El Govern ha reaccionado a los últimos datos sobre pobreza en Catalunya hechos públicos por el Idescat y ha admitido que los resultados “no son positivos”, pero al mismo tiempo ha rebajado su alcance. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha reconocido que el incremento registrado en el año 2025 supone un paso atrás, ya que el 24,8% de la población catalana se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, ocho décimas más que el año anterior. A pesar de ello, la responsable del departamento ha calificado la evolución como un "aumento ligero", especialmente si se tiene en cuenta la tendencia a la baja iniciada en 2021. Según Martínez Bravo, las cifras presentan “luces y sombras”, y ha querido destacar como elemento positivo el aumento de la renta media, porque “indica que la economía catalana está creciendo”. La consellera también ha matizado que la encuesta todavía no refleja “el impacto de medidas adoptadas más recientemente o el aumento de prestaciones”, unos efectos que confía que se puedan notar en los próximos ejercicios.

En la lectura detallada de la encuesta, Martínez Bravo ha puesto el foco en lo que considera el elemento más preocupante: el empeoramiento de la situación entre niños y familias con criaturas. La consellera ha remarcado que el sistema de pensiones continúa funcionando como un “puntal” del estado del bienestar para la población mayor, pero ha admitido que, cuando se trata de la infancia, las prestaciones existentes no están consiguiendo contener la pobreza con la intensidad necesaria. Los datos del Idescat, de hecho, apuntan a un incremento claro del riesgo de pobreza o exclusión social en hogares con hijos, que se eleva hasta el 30,8%, es decir, 2,3 puntos más que el año anterior. El panorama es aún más severo entre los menores de 16 años, entre los cuales la tasa de pobreza llega al 36,1%, 1,3 puntos más que el año pasado. Ante este escenario, Martínez Bravo ha asumido que hace falta una nueva “mirada” y ha defendido que “el complemento de la infancia del ingreso mínimo vital debería llegar a muchos más hogares”.


Martínez Bravo ha admitido que, a pesar de los indicadores económicos que describen un contexto de crecimiento, el Govern debe continuar desplegando políticas para que “la prosperidad que se genere sea realmente compartida” y disponer de “herramientas” que funcionen de verdad a la hora de frenar la pobreza. En esta línea, ha reivindicado las medidas que está impulsando el ejecutivo, con la nueva renta garantizada como pieza central. Según la consellera, este instrumento —sumado a la gestión del ingreso mínimo vital que la Generalitat debe asumir— debería convertirse en “la columna vertebral del futuro sistema de garantía de ingresos”, con el objetivo de que las ayudas lleguen más fácilmente “al bolsillo” de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.