El Govern ha reclamado que al Tribunal Supremo que "deje trabajar a las juntas de tratamiento de las prisiones" que están estudiantes la posibilidad de que los presos políticos cumplan el confinamiento en sus casas a raíz de la crisis del coronavirus. La consellera de Presidència, Meritxell Buch, ha reclamado en la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán que se permita que las juntas de las prisiones "puedan hacer su trabajo" y ha insinuado que podria ser el Supremo quien incurra en prevaricación interfiriendo en la decisión.
La conselleria de Justícia ha hecho saber esta mañana que los centros penitenciarios estudian si los presos que se han acogido al 100.2, que les permite salir a trabajar fuera del centro penitenciar, pueden cumplir el confinamiento en sus casas. El Tribunal Supremo ha respondido advirtiendo que en caso de que salgan los presos políticos, pedirá explicaciones a las juntas y a los directores de los respectivos centros sobre los fundamentos jurídicos en que se basa la decisión y se pedirá que se identifique a los funcionarios que han apoyado la decisión ante un posible delito de prevaricación.
Al ser preguntada al respecto, Budó ha recordado que la secretaría general de Instituciones Penitenciarias del Estado dictó que todos aquellos presos en tercer grado o que disponen de la flexibilidad basada en el 100.2 podían pasar el confinamiento en sus domicilios.
Esta tiene que ser la base legal, según ha dicho, que tiene que permitir que hoy las juntas de tratamiento de las prisiones decidan sobre el confinamiento de los presos políticos.
En relación al hecho que el Supremo advierta que se podría caer en un delito de prevaricación en caso que se permitiera la salida de los presos, la consellera ha admitido que "alguien podría pensar que hay delitos de prevaricación".
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