El secretario de Difusión de la Generalitat, Jofre Llombart, se suma a las críticas y a la preocupación por el anteproyecto de ley general de comunicación audiovisual que está tramitando el Congreso. Hace una semana ya se quejó el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), que insistió en que el anteproyecto no fomenta la diversidad cultural y lingüística del Estado. El ente reclamó que el control y supervisión de las plataformas de vídeo a demanda sea compartido con los reguladores independientes del Estado y también que la tasa del 1,5% que se les quiere imponer para contribuir a financiar RTVE se haga extensiva al conjunto de corporaciones públicas de radiotelevisión, como la CCMA en Catalunya.
Ahora es el Govern quien está en alerta por este anteproyecto y Llombart ha hecho un hilo en Twitter para explicar la situación: "Lo que está a punto de pasar puede ser muy lesivo para los intereses de Catalunya. Se está tramitando una Ley del Audiovisual que puede ser demoledora para el país". Llombart asegura que esta ley "se carga buena parte de las competencias que tiene ahora el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC). Ahora, por ejemplo, si una cadena de televisión emite contenidos inapropiados en horario infantil, el CAC puede intervenir; con la nueva ley, no".
Llombart matiza que las competencias que se retiran al CAC se otorgarán a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un órgano que tiene la sede en Madrid.
El secretario de Difusión de la Generalitat lo tiene claro, se trata de una estrategia para "ir marginando el CAC e ir españolizando el mapa comunicativo catalán".
Por otra parte, Llombart hace referencia a otro hecho relacionado con la nueva ley y la poca cantidad de dinero que pide España a las grandes plataformas (como Netflix o HBO) para financiar obra europea. El presidente del CAC, Roger Loppacher, ya instó al Gobierno a trasponer de manera urgente la directiva de servicios de comunicación audiovisual, aprobada por la Unión Europea en noviembre del 2018 y que servirá para regular los servicios televisivos bajo demanda, como Netflix, y las plataformas de intercambio de vídeos, como YouTube. Con respecto a la producción audiovisual, Loppacher pidió incrementar hasta el 10% la contribución financiera de las plataformas de vídeo bajo demanda a la producción europea, en la línea de los países de nuestro entorno.
Según Llombart, al fin y al cabo se trata de un "dumping encubierto" donde España cobra a Netflix pocos impuestos "pero a cambio pone su sede en Madrid". Ahora bien, el verdadero problema, según Llombart, es que de este 5% que Netflix destinará a la producción española "no se prevé destinar ni un céntimo al catalán, al vasco o al gallego".
Llombart se queja porque se desatienden las peticiones del CAC y ve como el tiempo se acaba porque "la ley está a punto de entrar en el Congreso para su negociación".
Otra preocupación del secretario de Difusió de la Generalitat es que el Gobierno tiene la intención, a través de la ley, de que "un 1,5% de los ingresos de estas plataformas vayan directamente a financiar RTVE por los perjuicios que provoca al ente público" y "no está contemplado que ayuden a otros medios públicos". Llobart subraya que Netflix y HBO también se ven en Catalunya y que, por ejemplo, TV3 duplica en audiencia a TVE. Por todo eso, reclama que parte de este 1,5% se destine a los diferentes territorios del Estado.
Finalmente, teme que esta ley se acabe aprobando directamente con un decreto ley y, por lo tanto, "en meses, podríamos tenerla aprobada y en aplicación". Jofre Llombart pide atención y concienciación sobre esta ley, que puede afectar mucho a los catalanes.
Foto principal: Un ordenador con la aplicación de Netflix / Unsplash