"Tenemos un mes largo para el debate de enmiendas a la totalidad... y para la normalización de nuestro país", decía el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, este martes tras aprobar el proyecto de presupuestos generales. El Gobierno hacía meses los venía posponiendo ante la negativa del PNV a negociar, si no se levantaba el 155 a la Generalitat. Pero Montoro esta semana  se arriesgaba, con un horizonte imprevisible agravado por los encarcelamientos y la detención de Carles Puigdemont, situación que amenaza con bloquear la legislatura a Mariano Rajoy en año preelectoral.

Y es que el partido jeltzale se mantiene enrocado por la intervención de la administración catalana. "Legitimar el 155 pone en riesgo el autogobierno vasco", era el titular corrosivo lanzado por la dirección del PNV, en medio de la rueda de prensa del ministro. La crisis redobló más tarde, cuando el portavoz del gobierno vasco Josu Erkoreka tildó "de amenaza" que Rajoy les llevara a la Comisión Bilateral, según fuentes de la Moncloa, —paso previo a un recurso ante el Tribunal Constitucional— para debatir "discrepancias" competenciales sobre la ley vasca de presupuestos de 2018.

Aunque el argumento del 155 no era nuevo, y fuentes de Hacienda manifestaban pese a ello un inesperado optimismo los días previos. Podría deberse, primero, a que parte de las infraestructuras previstas en Euskadi son plurianuales, dando incentivos para sacar los PGE adelante; segundo, por la "nueva situación" en Catalunya, según Montoro. La esperanza, que colaboradores de Rajoy manifiestan, es que la investidura fallida de Jordi Turull acota ya el plazo de dos meses hasta elecciones —asumiendo que ERC y JxCat preferirán evitarlas, o que la cuenta atrás servirá para culparles la situación y convencer al PNV.

El argumento del 155 no era nuevo, y fuentes de Hacienda manifestaban pese a ello un inesperado optimismo en días previos

Si bien, el calendario seguiría apremiando. Si el Parlament se disolviese el 26 de mayo, los comicios serían en julio. Y según el titular ministerial, las cuentas se presentarán el martes 3 de abril en el Congreso, lo que irá seguido de las comparecencias de los expertos en comisiones, proceso que culminará a finales de abril o principios de mayo, para la primera votación, donde serían necesarios los votos del PNV para tumbar las enmiendas de la oposición —una vez alcanzado el acuerdo con Ciudadanos, y se espera también el de Coalición Canaria y Nueva Canarias.

Por eso, Rajoy tiene previsto involucrarse personalmente para convencer a los vascos, con el horizonte de las elecciones autonómicas y locales en el 2019 y las generales en el 2020. Ahí las cuentas de 2018 y sucesivas son esenciales por la batalla encarnizada con Cs, ya que fuentes del PP recuerdan que el ejecutivo posee el dinero, es decir, el poder de impulsar políticas que contenten a electores clave como funcionarios o pensionistas –esta, una partida que Montoro ha incrementado al 3%, dejando en evidencia el acuerdo con Albert Rivera, que era del 2%.

El hecho es que si la Moncloa no consigue presupuestos, dos situaciones adversas se prefiguran. La primera, que el PSOE vuelva a insistir a Rajoy que convoque elecciones, asumiendo que la parálisis de las cuentas sería una derrota –lo que se descarta, pues el presidente quiere agotar la legislatura. Y segundo, que cobre fuerza el discurso de Rivera en las autonómicas, sobre las "cesiones" a los nacionalistas vascos, a quienes acusa de haberse cobrado la contrapartida con el "cuponazo" –el cupo vasco–, culpando así al tándem PP- PNV de la parálisis –en pleno fracaso de reforma de la financiación autonómica general.

Dado el caso, no quedaría más remedio que prorrogar las cuentas, y gobernar por decreto. Según fuentes próximas al presidente, sería mal menor para la Unión Europea, a quien importa el techo de gasto y el déficit –donde se espera el apoyo del PSOE por las comunidades. Sin embargo, limitaría la capacidad de maniobra de la Moncloa y exhibiría un fracaso del cual Cs y la oposición sacarían réditos. "Nosotros trabajamos para que salgan adelante" cerraba optimista una fuente próxima a Rajoy sobre la temeridad de emprender los PGE sin los apoyos cerrados. Al menos, públicamente.