La consellera de Governació, Meritxell Borràs, ha pedido hoy que "se dejen tranquilos los ayuntamientos catalanes", en referencia a la investigación que tiene abierta la Audiencia Nacional, entre otras, por la aprobación de mociones de apoyo a la moción de ruptura del 9N. Borràs ha respondido a la pregunta de la diputada de Junts pel Sí Neus Lloveras que pedía qué acciones llevará a cabo el Ejecutivo para defenderlos.
"Quiero transmitir tranquilidad a alcaldes y concejales", ha afirmado Borràs, añadiendo que lo que han hecho "no es otra cosa que libertad de expresión, y no representa en ningún caso sedición o rebelión". Además, la consellera ha asegurado que "sentirán todo el calor y apoyo" del Ejecutivo de Carles Puigdemont.
Estas palabras representan claramente el posicionamiento de los convergentes y republicanos sobre qué camino seguir ante la persecuciones judiciales, y que es radicalmente diferende de lo que que propugna la CUP. De hecho, uno de los aspectos de la moción rupturista que se votará mañana en el Parlament era instar a los ayuntamientos y concejales a desatender las peticiones de la Audiencia Nacional que, para no acabar en desacuerdo independentista, finalmente se ha acabado cambiando por una fórmula más ambigua: "desatendiendo a las peticiones de las instituciones no democráticas del Estado español".
Acosados
A principios de febrero, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno requirió a la Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra que lo informaran sobre estatutos, financiación y actividades llevadas a cabo por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y otras asociaciones de Catalunya para aclarar si han sido las "impulsoras y promotoras" de la tramitación de las mociones de apoyo a la resolución independentista del Parlament.
La justificación del magistrado es que pueden existir delitos de sedición y rebelión y que, por lo tanto, necesitaba la lista de consistorios catalanes que han dado apoyo a la resolución de ruptura aprobada el 9N por el Parlament, que insta a desobedecer las órdenes del Tribunal Constitucional, al no considerarlo legítimo. Entre otros, y como se ha quejado la diputada Lloveras, también está la audición de intervenciones de concejales en los plenos.