El Govern ha afirmado que el presupuesto crece en personas mayores, pero el sector lo ha contradicho. La Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) lo ha tildado este lunes de "decepcionante"; ya que "perpetúa la infrafinanciación del sector". En cambio, el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha defendido que las cuentas del departamento son "buenas", a pesar de esta situación de "infrafinanciación histórica" que sufren los servicios sociales y la ley de dependencia.
Desde el Parlament, Campuzano ha explicado que el presupuesto de Drets Socials es de 3.612 millones de euros, hecho que supone un incremento de 290 millones (un 8,7% más) respecto del año anterior. Así, se añaden 26 millones de euros más para reducir las listas de espera y crear un millar de plazas para personas mayores, discapacidad y salud mental, así como unas 460 plazas para los jóvenes con discapacidad intelectual que acaban la etapa escolar a los 21 años y necesitan una plaza pública de centro de día.
El 60% para personas mayores, salud mental y discapacidad
El conseller también ha detallado que el 60% del total del presupuesto irá a personas mayores, salud mental y discapacidad, cosa que representa 2.169 millones de euros. Es de esta manera que concretamente se crearán 1.000 nuevas plazas para personas mayores, discapacidad y salud mental y 460 para jóvenes procedentes de escuelas de educación especial. Además, la lucha contra la pobreza crecerá un 4,9%, hasta los 852 millones, y el apoyo a las familias un 2%, alcanzando los 445 millones.
Campuzano ha señalado que el 60% del presupuesto se destinará a atender a las personas mayores, la salud mental y la discapacidad, indicando que los recursos disponibles tienen que permitir reducir las listas de espera y a la vez incrementar las tarifas de los servicios para las entidades prestamistas. El dinero disponible en este ámbito es 2.169 millones, 230 más que en el 2023. De estos, 115 se destinarán a consolidar y actualizar los precios de los servicios de la red de atención social pública y a mejorar las condiciones salariales de las trabajadoras del sector. Además, ha detallado que 50 millones se utilizarán para incrementar las prestaciones vinculadas a servicios y 18 a proyectos de desinstitucionalización de personas mayores y con discapacidad. También se invertirán 26 millones para crear 1.000 nuevas plazas para personas mayores, discapacidad y salud mental, que se sumarán a las 5.000 que forman parte de las Prestaciones Económicas Vinculadas que se anunciaron a finales del 2023 para personas mayores.
Las críticas del sector al presupuesto
En cambio, ACRA ha tildado de "decepcionante" el proyecto de presupuesto de Drets Socials porque "perpetúa la infrafinanciación del sector". "El aumento del 5% de las tarifas públicas es insuficiente y pone en peligro a los profesionales, así como a las empresas y las entidades", ha alertado la presidenta de la entidad, Cinta Pascual, que ha instado a mejorar salarios y garantizar la sostenibilidad de los operadores de la red pública de servicios sociales. "Nos sentimos decepcionados con la propuesta", ha reconocido.
A pesar del incremento previsto del 8,7%, ACRA ha remarcado que la realidad es que la partida para tarifas y salarios de los profesionales solo aumenta en 115 millones de euros, una cifra insuficiente si se tiene en cuenta "la infrafinanciación histórica" del sector de atención a las personas mayores en situación de dependencia. Cogiendo como referencia el precio de la plaza de residencia de grado III financiada públicamente, en trece años se ha incrementado un 13%, mientras que los salarios han subido un 20% de media en el mismo periodo, según la patronal. "Desde ACRA reclamamos un pacto de país, un acuerdo de todos los grupos parlamentarios para financiar la atención en la dependencia al mismo nivel que muchos países europeos de nuestro entorno", ha pedido Pascual, que ha lamentado que Catalunya esté "en la cola de Europa en inversión". En este sentido, ha alertado de que, sin inversión, no habrá profesionales dispuestos a trabajar en las residencias, centros de día y otros recursos. La presidenta de la entidad también ha subrayado que se están quedando sin herramientas para hacer frente a un "tsunami demográfico inminente". "No estamos haciendo los deberes, no se está invirtiendo como tocaría, y cada año que pasa es un año perdido y llegará un día en que ya no habrá margen para rectificar", ha avisado, ante la previsión que el año 2050 habrá 1,8 millones de personas con 80 años o más, el doble que ahora, y muchas de ellas precisarán de recursos asistenciales.