A dos días del 1 de octubre el Gobierno insiste en que no habrá referéndum, y sitúa el foco de atención en el día 2 asegurando que los artífices de su celebración, esencialmente el Govern, responderán ante los tribunales con "responsabilidades políticas y patrimoniales". Es por ese motivo que fuentes de la Moncloa tachan al president de la Generalitat Carles Puigdemont y el vicepresident Oriol Junqueras de "descalificados democráticamente" para ser interlocutores válidos el día dos, pues pase lo que pase, aseguran las fuentes, el 1-O "no tendrá efectos políticos, ni jurídicos", como ya pasó el 9-N de 2014, aunque huyen de establecer la comparación.
"El 1-O es caos un organizativo e improvisación. El señor Puigdemont dice que se votará como siempre, pero en realidad quieren que se vote como sea", se ha jactado el portavoz del ejecutivo Íñigo Méndez de Vigo. De Vigo ha anunciado que la Justicia actuaría contra "los dirigentes que lo han provocado. Ellos son los responsables y los que tendrán que responder de un Estado de Derecho por un proceso de desobediencia" que a su parecer supone una "muy grave deslealtad institucional". Ahora bien, las penas no sólo podrían dirigirse a los políticos o alcaldes, sino a todos los agentes implicados en la preparación del referéndum –empresas u organizadores.
Así las cosas cosas, el ministro portavoz no se ha querido mojar sobre si el presidente Mariano Rajoy llamaría a Puigdemont el día siguiente al 1-O. "Primero hay que hacer un llamamiento para que vuelva a la ley y es él quien tiene que ver si puede ser interlocutor o no", ha dicho recordando que hubo oportunidades como la conferencia de presidentes autonómicos, dónde el dirigente catalán "dejó la silla vacía". Si bien, fuentes de la Moncloa creen que tanto Junqueras como Puigdemont quedarán "descalificados democráticamente" por la "pretendida consulta" y sus "actos ilegales", sin señalar a quién se dirigirán entonces.
A la sazón, el portavoz ha buscado recrear un escenario de tensión en Catalunya. Primero ha dicho que el proceso iba "contra el pueblo señalando a quien no siga sumisamente sus mandamientos" y desembocando en la "fragmentación de la sociedad catalana, que llega hasta las familias," ha relatado. Después ha hablado de la "despreciable manipulación de los niños, que sobrepasa cualquier línea roja." Incluso, ha legitimado el vídeo Hispanofòbia emitido por el Partido Popular cuando ha asegurado que se veían cortes de "dirigentes secesionistas", sin reprobarlo en ningún momento.
Si bien, el escenario empieza a evocar el 9-N, aunque el Gobierno no lo quiere verbalizar como tal. "No cuentan los antecedentes, cuenta qué pasará el 1-O" ha dicho el portavoz en público, a la vez que las fuentes en privado no le otorgan al acto del domingo ni "efectos jurídicos ni políticos". Ahora bien, De Vigo sí se ha deshecho en ejemplos para ilustrar que no tendría "ninguna garantía legal", a su parecer. "Hay cosas que se califican por sí mismas", porque presuntamente no habría la logística para el referéndum. Incluso fuentes de la Moncloa aprueban el calificativo "contenedor" para las urnas.
Lo que sí es seguro es que en la Moncloa se producirá el seguimiento de la jornada y el "núcleo duro" de Rajoy estará con él, dicen las fuentes. Se prevé una comparecencia la noche del domingo y De Vigo ha insistido en que la preocupación del ejecutivo es que no se produzca una "ruptura de convivencia" y no haya "disturbios o ruidos", ha dicho. Al respecto, fuentes del ejecutivo insisten en que los Mossos cumplirán con la ley, si es que son llamados a retirar las urnas, si hace falta por la fuerza. Y pese a esa garantía, la movilización de la Guardia Civil y la Policía mayor en 40 años se mantiene.