El servicio de escolta para el presidente en el exilio y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, tendrá que esperar. La petición se hizo hace dos meses, pero la Abogacía del Estado todavía no ha dado respuesta. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, han abordado la petición de escolta de Puigdemont en una reunión este martes y han acordado celebrar la próxima Junta de Seguridad de Catalunya durante el primer trimestre. El Govern ha insistido en facilitar un servicio de escolta a Puigdemont, una petición que Elena trasladó hace casi dos meses por carta a Madrid y consecuentemente el Gobierno remitió una consulta a la Abogacía del Estado. Pero este organismo todavía no ha dado respuesta y el ejecutivo central y la Generalitat esperan su pronunciación para poder resolver este asunto.
Hasta el día de hoy, todas las peticiones de escolta para Puigdemont elevadas por parte de los exconsellers Miquel Buch, Miquel Sàmper y también la de Elena habían sido rechazadas por el Gobierno. Durante el encuentro de este martes, el Ejecutivo central y la Generalitat "han constatado el buen grado de cumplimiento" de los acuerdos adoptados en la última Junta de Seguridad de Catalunya, han detallado fuentes próximas citadas por Europa Press.
Cuándo se llevó a cabo la petición de escolta para Puigdemont, fuentes del Departamento de Interior de la Generalitat recordaron que los Mossos d'Esquadra no tienen competencias para actuar fuera del territorio español, y Puigdemont vive en Bélgica. Incluso, la policía catalana tiene que pedir permiso al Gobierno para que los Mossos puedan llevar armas, si las requieren cuando tienen que hacer de escolta del actual presidente Pere Aragonès u otras autoridades catalanas cuando viajan al exterior.
El presidente Puigdemont hizo la reclamación de tener protección policial cuando ya estaba en el exilio, donde pidió que se activaran las prerrogativas que tiene un expresidente de la Generalitat. Este procedimiento coincidió cuando era conseller de Interior, Miquel Buch (Junts), denunciado por Ciudadanos por haber contratado al sargento Lluís Escolà como a cargo de confianza en el departamento, de julio de 2018 a marzo de 2019, pero que realmente era para hacer de escolta al presidente Puigdemont ante la negativa del Gobierno de dar protección en lo que entonces calificaban de "prófugo de la justicia" y que desde el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, vuelve a ser el "presidente Puigdemont", según un reciente comunicado del PSOE. Los consellers de Interior posteriores a Buch volvieron a elevar las peticiones, pero hasta ahora todas habían sido denegadas. Habrá que esperar la respuesta de la Abogacía del Estado para saber si esta se acabará aprobando.