Desde los tiempos del presidente Roosevelt, a los nuevos gobiernos se les acostumbra a dar 100 días de gracia. Pero ni eso tendrá el nuevo gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que hoy se reúne por primera vez. No servirá como excusa el experimento de la primera coalición desde la Segunda República. Ni siquiera tendrá 15 días, los que aproximadamente tardará en constituirse la mesa de negociación entre el Estado y la Generalitat. Después de nueve meses en funciones y dos elecciones generales, hay muchos desafíos por delante, empezando por la carpeta catalana. Sin resolver este factor de disrupción, sin coger el conflicto político por los cuernos, España no logrará salir del bloqueo y la inestabilidad. En La Moncloa son muy conscientes de ello. Es la prueba de fuego, que provocará no pocas turbulencias en el mismo Consejo de Ministros.
El avance del nuevo gobierno estará condicionado al avance en el diálogo. Si la primera decisión de Sánchez después de la moción de censura fue acoger a los refugiados de l'Aquarius, esta vez, después de superar el debate de investidura, fue llamar al president Quim Torra, con quien quiere reunirse antes que con los demás y antes incluso que se constituya la mesa de negociación acordada con ERC y observada con ciertas reticencias por JxCat. El mismo presidente español quiere encargarse personalmente del asunto, pero también involucrará a algunas de sus personas de confianza. La cartera de Política Territorial, que había ocupado Meritxell Batet, ya pasa a ser secundaria. En manos de la canaria Carolina Darias, gestionará el resto de contenciosos territoriales.
Quien más se involucrará es su mano derecha, la vicepresidenta primera Carmen Calvo, que ha llevado las riendas de las principales iniciativas del presidente Sánchez, desde la exhumación de Franco hasta el primer intento de diálogo con la Generalitat. Su interlocución con el vicepresidente Pere Aragonès ha sidoconstando y fluida durante los últimos meses. Pero también será una persona relevante el secretario de organización del PSC, Salvador Illa. Le han dado el Ministerio de Sanidad, pero La Moncloa quiere que su papel vaya "más allá". En tanto que miembro del ejecutivo español tiene muchos números para ser uno de los seis que participe de la mesa de negociación de gobiernos. Discreto pero efectivo, Illa es uno de los principales artífices del acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC. Está por ver cuál es la cuota de Unidas Podemos.
Foto: Sergi Alcàzar
El documento acordado entre el PSOE y ERC establece que "la Mesa iniciará sus trabajos en el plazo de quince días desde la formación del Gobierno de España". Eso tendría que ser antes del martes 28 de enero, aunque fuentes de la negociación admiten ahora que igual este plazo de 15 días no se cumplirá, porque hay que hacer coincidir agendas. Pero la intención es ponerse a ello cuanto antes. El nuevo gobierno de coalición ya tiene la vista puesta en los presupuestos del Estado, y para aprobarlos sigue necesitando a Esquerra Republicana. Los republicanos exigirán avances y concreciones antes de validar las cuentas públicas.
Hay muchos posibles factores de disrupción, que pueden jugar jugarretas. Para empezar, el calendario de la política catalana. Hoy por hoy, el interlocutor de La Moncloa en Catalunya es el president Quim Torra, pero en cualquier momento puede dejar de serlo si así lo dictamina la justicia española. En segundo lugar, la amenaza de adelanto electoral en Catalunya y la competición entre los dos socios del Gobierno. Finalmente, el PSOE se encontrará en una disyuntiva cuando tenga que votar, en el Parlamento Europeo, sobre el suplicatorio para levantar la inmunidad en Carles Puigdemont y Toni Comín. A estas turbulencias se sumarán los barones más críticos del PSOE, encabezados por el castellanomanchego Emiliano García Page y el aragonés Javier Lambán. No desperdiciarán cualquier resquicio para atacar el diálogo bilateral.
Durante las últimas horas, tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias han subrayado que, a pesar de haber "varias voces" dentro del ejecutivo, habrá "una sola palabra". Nadie se saldrá del mensaje unificado, tampoco sobre Catalunya. Por eso han firmado un protocolo para resolver diferencias. Por eso casi desde el principio descartaron perfiles como el de Jaume Asens dentro del Consejo de Ministros. Pero el fantasma sigue amenazando. No faltarán voces disonantes y quienes las quiera explotar. En las últimas horas la oposición ha recuperado una intervención del ministro Manuel Castells, de los comunes, diciendo que el PSOE es un partido "nacionalista español".
En la encuesta del CEO hecha poco después del preacuerdo de gobierno de coalición, en noviembre, el 69,9% de los catalanes aprobaba el acuerdo entre Sánchez e Iglesias. De momento, el nuevo ejecutivo tiene crédito en Catalunya. Hará falta que pase de las palabras a los hechos para ver si lo agota o no.
A golpe de titular
La primera decisión que irá al Consejo de Ministros de este martes, el primero del gobierno de coalición, será la propuesta de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado. En el discurso de investidura, Sánchez se comprometió a "dejar atrás la deriva judicial", aunque ya se ha visto con la también progresista Maria José Segarra que hay elementos que no pueden controlar. La reunión del Gobierno de hoy se centrará, sobre todo, en la estructura de gobierno. Aún así habrá una medida importante: la revalorización de las pensiones públicas, congeladas hasta la formación de gobierno.
Dejando Catalunya a un lado, fuentes del gobierno de coalición apuestan por una estrategia de anuncios a golpe de titular. No lo harán todo de golpe, sino Consejo a Consejo. Encima de la mesa, como la derogación de la reforma laboral y de la ley mordaza, la ley de eutanasia o la reforma del Código Penal para que sólo el sí sea sí con respecto al consentimiento sexual.
Desjudicialización contra judicialización
Primero durante el debate de investidura, y ahora con la formación de gobierno, la oposición ha dejado claro que no dará ni un solo día de gracia, de tregua, al gobierno naciente. Horas después de que se conociera la elección de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, el PP de Pablo Casado, el mismo que se vanagloriaba de controlar "por detrás" el Tribunal Supremo, anunciaba que recurriría el nombramiento ante el Tribunal Supremo. Por su parte, los ultras de Vox anunciaban una querella contra Sánchez y Delgado por tráfico de influencias.