El Gobierno hace marcha atrás para evitar un nuevo porrazo parlamentario. El ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido retirar de la orden del día del pleno del Congreso de los Diputados de este jueves el debate de totalidad sobre la ley del suelo porque habría sido la segunda vez en una sola semana que el PSOE se queda solo defendiendo una ley. Junts, ERC y Podemos habían presentado enmiendas a la totalidad, Sumar tampoco estaba de acuerdo con la norma y fuentes del PP manifestaban este miércoles a ElNacional.cat sus dudas sobre si salir o no al rescate de los socialistas. Pero los populares han decidido finalmente dejar al PSOE a la intemperie con una norma que también lleva el sello del PP: fuentes del Gobierno aseguran que en las negociaciones de última hora los populares han mantenido como una incógnita el sentido de su voto. Por su parte, a través de Twitter, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha sostenido que la Ley del Suelo es “especulativa” y “no protege el territorio”.
Fuentes del ministerio de Vivienda y Agenda Urbana interpretan que el ‘no’ del PP a la norma se da en el marco de la campaña de las elecciones europeas, que empiezan este mismo jueves. Indican que reculan con la ley para garantizar que la norma no se vea “afectada por la situación electoral” y recuerdan que es una ley “demandada” por los ayuntamientos, por la Federación Española de Municipios y Provincias, por las comunidades autónomas y por todo el sector. Al mismo tiempo, lamentan la “falta de sentido de Estado” de los populares y reprueban que hayan “primado” sus intereses electoralistas a una demanda de gobiernos municipales y autonómicos.
El partido de Alberto Núñez Feijóo, sin embargo, celebra el desenlace de esta ley, porque considera que, al fin y al cabo, el Gobierno ha recibido este jueves un nuevo varapalo. “La soledad del presidente no tiene precedentes”, denuncian fuentes del PP, que se recrea así en la fragilidad de los socios de investidura de Sánchez y en la inestabilidad del gobierno de coalición con Sumar. En Génova, opinan que es inverosímil que Sánchez pueda creerse que será capaz de gobernar Catalunya con el PSC de Salvador Illa y, al mismo tiempo, mantener el apoyo de Junts y ERC en el Congreso. Por mucho que el PP también esté detrás de esta ley, dado que la apoyó en la Federación Española de Municipios y Provincias y que tiene el control de gran parte de los gobiernos autonómicos, el portavoz de los populares, Borja Sémper, ha denunciado este jueves que la norma es “poco ambiciosa”. Y ha puesto el dedo en la llaga afirmando que “el Gobierno tiene un problema con el Gobierno”, en referencia a la división entre el PSOE y Sumar.
“Confío que el PP reaccione”
En una comparecencia desde el patio del Congreso, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha dirigido los reproches directamente contra el Partido Popular, aparcando a los socios parlamentarios habituales. “Lamento que el PP, que sabe de la importancia de esta ley y coincide con el Gobierno que es una buena ley, haya dejado a un lado la posición de partido de estado y haya aprovechado para hacer la zancadilla al Gobierno”. Rodríguez ha justificado que el ejecutivo contaba con el PP porque la norma “se ha trabajado con la vertiente institucional del PP” desde la pasada legislatura, ya que “parte de los socios no tienen implicación en el municipalismo español”. “Confío en que reaccionen”, ha verbalizado. Y ha apuntado que pone “la norma a disposición de los grupos parlamentarios para que puedan coger de referencia un buen texto”.
Las quejas de ERC, Junts y Podemos
Junts, ERC y Podemos eran los únicos partidos que habían presentado enmiendas a la totalidad contra la ley, aunque otros socios, como Sumar y Bildu, habrían votado a favor de ellas para hacer caer la ley. En su escrito, Junts reprobaba que la iniciativa presentada por el Gobierno “no contempla la participación de los entes locales” y “omite que en Catalunya, el Estatut garantiza a los municipios un núcleo de competencias propias que tienen que ser ejercidas por estas entidades con plena autonomía”. “Los gobiernos locales de Catalunya tienen competencias propias sobre la ordenación y la gestión del territorio y el urbanismo y la disciplina urbanística”, argumentaban desde el partido capitaneado en Madrid por Míriam Nogueras. El diputado Josep Maria Cruset ha enmarcado en la “normalidad” la retirada de la ley ante la falta de apoyos parlamentarios.
Desde de Esquerra Republicana denunciaban que el proyecto de ley se había elaborado con “falta de transparencia” con respecto al Govern de la Generalitat y los republicanos. Lamentaban que no hubiera habido ninguna “negociación satisfactoria” del proyecto con el ejecutivo presidido por Pere Aragonès, que es la administración competente en materia de vivienda en el territorio. Este jueves, Gabriel Rufián ha disparado directamente contra el PSOE por haberse dejado en brazos del PP: “Confiar en este punto con el PP viendo que ya olfatea sangre me parece una temeridad”. Además, ha opinado que es “normal” que se retire la ley, pero al mismo tiempo “dramático” porque el PSOE “no quiere recorrer el camino de la interlocución”.
Por parte de Podemos, la crítica iba en otra dirección. Los morados censuraban que el proyecto de ley impulsado desde la Moncloa implicaba una “eliminación injustificada de trámites y garantías urbanísticas que solo colabora a potenciar la especulación urbanística”. La secretaria general de los morados, Ione Belarra, ha celebrado con “satisfacción” haber frenado una reforma que estaba hecha “ad hoc para que se pueda llevar a cabo un pelotazo urbanístico”.
Las claves de la ley
Uno de los principales objetivos de la norma, que el gobierno español estaba abierto a mejorar durante la tramitación parlamentaria a través de enmiendas, era evitar que los planes municipales de ordenación urbanística decaigan completamente debido a defectos formales que no sean sustanciales. En concreto, el texto presentado por el Gobierno diferenciaba entre la nulidad del plan general cuando hay defectos sustanciales, que hace que se pueda impugnar y anular entero de pleno derecho, y cuando hay nulidades parciales que no afectan a elementos sustanciales, momento en el que se abre un plazo de enmienda de un año prorrogable seis meses más.
Para recurrir las decisiones, existen las figuras del recurso directo, el recurso indirecto, los actos individualizados, la acción popular en materia medioambiental y la acción pública en materia urbanística para personas físicas y jurídicas, organizaciones sociales o entidades. Todo esto no se modificaba en la ley presentada por el ejecutivo de Pedro Sánchez.