El Gobierno está analizando el contenido de las propuestas de resolución aprobadas esta mañana por el Parlament de Catalunya, por si alguna de ellas pudiera tener algún efecto "más allá del puramente político o declarativo", según fuentes de la Moncloa. Es decir, que si alguna de ellas tuviera base legal, podría ser impugnada ante el Tribunal Constitucional. La respuesta llegaba pocos minutos después de que la cámara catalana legitimara a Carles Puigdemont, pero evitara aludir a la declaración de independencia.
"El ejecutivo considera que la firmeza y la celeridad en la respuesta de las instituciones del Estado han sido determinantes para que los independentistas retiraran su anunciada propuesta de ratificar la DUI", dicen las fuentes sobre las enmiendas de la CUP de volver a avalar el pleno del 27 de octubre. En cualquier caso, las fuentes afirman que "se mantendrá esta actitud vigilante ante cualquier riesgo de ilegalidad", añaden.
Estas palabras llegan después del comunicado de la Fiscalía General este martes, quien advirtió que estudiaba "las posibles implicaciones penales" de la decisión de la Mesa del Parlament de admitir a trámite las enmiendas de los cupaires a la resolución de Junts per Catalunya. También, de las informaciones del ejecutivo sobre que los Servicios Jurídicos del Estado investigaban las "responsabilidades en que pudieran incurrir" estos.