El Gobierno no aclara si ha examinado a través de los servicios jurídicos del Estado la querella de la Mesa del Parlament contra el juez Pablo Llarena, aunque avisa a los independentistas de que esta podría suponer delito de malversación, como el Partido Popular y Ciudadanos también estudian. En la Moncloa alertan así a la Mesa y al president Roger Torrent que después "no digan que no sabían las consecuencias" del acto, pues los letrados de la cámara ya han asegurado que esta petición se tenía que vehicular a través de los grupos políticos concretos.

"Son decisiones que pueden generar un disgusto a quien las tome", ha dicho el portavoz Íñigo Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes. Este ha negado que hubiera podido estudiar el texto jurídico, que se ha presentado hacia las 12h, aunque este jueves por la noche ya se había hecho pública la noticia. Eso sí, ha considerado que la acción "puede suponer malversación de fondos públicos", ya que el firmante es la institución y no los grupos, pese a que el objetivo era denunciar que Llarena no hubiese permitido a Jordi Sànchez salir para su investidura.

El mismo Mariano Rajoy se ha pronunciado en términos de un posible delito, si bien fuentes del Ejecutivo explican que si hay indicios de ilegalidad, bien se puede actuar desde la Moncloa, bien lo pueden hacer PP y Cs. "Recuerdo lo que han dicho los letrados, si esa querella la paga el Parlament, podría estar tipificada como malversación de caudales públicos" afirmó en una rueda de prensa con su homólogo danés Lars Løkke Rasmussen. Aquí, incluso Rajoy calificó de "sectarios" aquellos que ven España como "represor" por el procesamiento al Govern y los encarcelamientos preventivos.

La cuestión es que el portavoz no ha querido entrar en detalle sobre de qué modo afecta que la investidura catalana no se haya resuelto, o si espera elecciones. Sólo ha dicho que "desde el 21-D la cosa no ha cambiado", fecha de los comicios, porque "no se ponen de acuerdo" para escoger a un president. Así y todo, no ha aventurado modificaciones en la aplicación del 155, más allá de la gestión ordinaria de la administración. "Nosotros nos preocupamos por los catalanes y tomamos acuerdos, lo seguiremos haciendo porque es nuestra obligación", ha zanjado.

Sin embargo, el portavoz ha dudado de que la decisión del Tribunal alemán de Schleswig-Holstein tenga que suponer un golpe para la judicatura española. "Ningún tribunal alemán ha exonerado a Carles Puigdemont, sólo han tomado una decisión sobre la prisión provisional", ha indicado, en referencia a que se descartara la alta traición y ahora sólo se estudie la malservación. Pasa porque en el ejecutivo todavía mantienen la esperanza de que en algún momento del proceso de extradición se pueda devolver al líder de Junts per Catalunya a España, y juzgarlo por rebelión.

Por su parte, Rajoy ha exhibido la misma esperanza. Recordó que se estaba discutiendo la extradición: "Las deciciones las toman personas, al final. No hay ninguna tomada, demos tiempo al tiempo. La euroorden es un gran avance en el proceso de construcción europea. Tenemos un sistema de derechos y libertades, como en no demasiados sitios existe" ha expuesto, preguntado sobre si había que revisar este mecanismo que se impulsó cuando era ministro del Interior. "Supuso un avance muy importante, una demostración de confianza de todos los países, con todos nuestros socios", zanjó.