El Gobierno "respeta" la decisión de la justicia alemana, que ha decidido este jueves dejar a Carles Puigdemont en libertad bajo fianza y no extraditarlo a España por el delito de rebelión –a la espera de decidir si lo hará por malversación– como pedía el juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en la euroorden de detención emitida hace unas semanas.
"El Gobierno desconoce los términos exactos en que se ha pronunciado el tribunal alemán y por tanto no puede hacer ninguna valoración", dicen las fuentes consultadas, sobre que no se aprecien desde la Audiencia de Schleswig-Holstein indicios de la violencia suficiente como para sobrepasar las instituciones del Estado. Este sería uno de los requisitos necesarios, según el auto alemán, para que los hechos detallados por Llarena tuvieran su equivalencia en Alta Traición en el país germánico.
El hecho es que las fuentes recuerdan que el Ejecutivo nunca opina sobre decisiones judiciales. "Más todavía cuando se trata de decisiones de un tribunal de otro país. La respeta siempre; cuando le gustan y cuando no", exponen.
Así y todo, el portavoz gubernamental Íñigo Méndez de Vigo sí dijo en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el pasado 27 de marzo que era "equivalente" el delito de rebelión al de alta traición, además de avisar de que no se trataba "sólo de una cuestión española, es también atentar contra la Unión Europea", dijo, en alusión al proceso soberanista.
A la sazón, desde el Palacio de la Moncloa se muestran convencidos de que "la justicia española adoptará las medidas más adecuadas ante esta nueva circunstancia para velar por el cumplimiento de las leyes" en España, ya que hay varios cargos del Govern destituido en prisión provisional, procesados por este y otros delitos.