El Govern ha aprobado en su reunión de este lunes un decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda para combatir las situaciones de emergencia residencial, aumentar el número de viviendas protegidas en régimen de alquiler y contribuir a la moderación de los precios de alquiler en viviendas privadas.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern, el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha destacado entre las medidas para luchar contra las situaciones de emergencia y los desahucios la obligación de los grandes tenedores de ofrecer un alquiler social para aquellas familias que acrediten una situación de vulnerabilidad y se les acabe el contrato de alquiler.
Se amplía también la duración del contrato de alquiler social obligatorio, que pasa de 3 a 7 años, dependiendo si el propietario es una persona física o jurídica.
Ampliar la oferta de alquiler
Entre las medidas para ampliar la oferta de alquiler, el conseller ha destacado que se facilitará la construcción de alojamientos en suelos de equipamientos públicos y privados para resolver situaciones de emergencia. El decreto contempla también medidas para ampliar la oferta de alquiler, entre las cuales, la obligación en el área metropolitana de reservar un 40% del suelo como urbano no consolidado para vivienda protegida y un 50% en el caso de suelo urbanizable.
Además, en el plazo de un año todos los ayuntamientos tendrán que hacer un inventario de su suelo público, sobre el cual, en un plazo de dos años, tendrán que desarrollar un plan de promoción de desarrollo del potencial para hacer protección oficial.