El Govern quiere gestionar el ingreso mínimo vital del Gobierno y con el fin de conseguirlo presentará un recurso de inconstitucionalidad. Lo ha anunciado esta mañana el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies,  Chakir el Homrani, que ha asegurado que la competencia para gestionar este tipo de prestaciones es del Govern de la Generalitat.

El Homrani, en declaraciones a Catalunya Ràdio, ha destacado que con la medida lo que se pretende es recuperar las competencias y evitar, al mismo tiempo, que se repita la gestión y pago de los ERTE, que está en manos del Gobierno. El conseller ha destacado que hay una base jurídica para presentar el recurso de inconstitucionalidad. "Las competencias de prestaciones no contributivas son de la Generalitat", ha insistido.

 

Hasta 1.015 euros

El ingreso mínimo vital se puso en marcha el 15 de junio pasado, una prestación que va de los 460 a un máximo de 1.015 euros, de la cual se calcula que se pueden beneficiar hasta 100.000 familias catalanas. Unas 7.000 familias ya la habrían recibido de oficio.

El Govern, según ha explicado Homrani, ha pedido formalmente al menos en dos ocasiones el traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital, peticiones que han sido desatendidas. El conseller ha criticado la falta de voluntad del Gobierno de negociar y coordinarse con la Generalitat. A su parecer, es necesaria una ventanilla única para gestionar el ingreso mínimo del Gobierno y la renta garantizada de ciudadanía, competencia del ejecutivo catalán. "Nuestra prioridad es que las personas no se pierdan y tengan que hacer demasiados trámites. Tenemos que hacerlo fácil y eficiente”, ha insistido.

Al Consell Executiu

El Gobierno está preparando el recurso de inconstitucionalidad, aunque no ha podido concretar si entrará en el próximo Consell Executiu o se tendrá que dejar para el primero después del verano.  El conseller Homrani ha admitido que con el ingreso mínimo vital se ahorrarán una parte de fondos de la renta garantizada, que se podrán destinar a aquellos que no se puedan beneficiar de la prestación del Gobierno.

El Govern recuerda que el Estatut dispone que, en materia de seguridad social, corresponde a la Generalitat la competencia compartida del despliegue y la ejecución de la legislación estatal, salvo las normas que configuran el régimen económico, y en concreto, la competencia en el reconocimiento y la gestión de las pensiones no contributivas.

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