El Gobierno recibía la declaración de algunos miembros de la Mesa del Parlament este jueves ante el Tribunal Supremo con esperanza, tras oír que la presidenta Carme Forcadell tachaba la DUI de "simbólica" y en medio de la aplicación del artículo 155 por parte de Mariano Rajoy, al considerar que el Govern y el procés se habían instalado en la "desobediencia". "El retorno al orden constitucional empieza a ser una realidad", decía el portavoz Íñigo Méndez de Vigo tras el Consejo de Ministros, sobre las palabras de los dirigentes soberanistas y los efectos de la intervención en Catalunya.

"Me parece muy bien que no hagan nada que suponga una violación del orden constitucional", añadía De Vigo sobre el resultado del desfile de la Mesa ante el juez Pablo Llarena. El portavoz establecía así la comparación con Carles Puigdemont y los otros consellers asentados en Bélgica. "Los que están investigados por presuntos delitos tienen la obligación de ir, no como los que están huidos, que ni siquiera quieren responden a preguntas", denunciaba. Al respecto, fuentes del ejecutivo incluso dejaban caer una diferencia con Rajoy y es que él sí acudió a la citación por la Gürtel en julio.

De esa manera, la Moncloa huía de darle valor político a la huelga del 8-N, alimentando el argumento de un presunto abandono del procés. De Vigo decía que tuvo un "muy escaso seguimiento" pues el consumo eléctrico –indicador relevante en estos casos– no se alteró y las cifras de adhesión del comercio minorista no lo fueron en volumen considerable. Así y todo, eludía el hecho de que es su gobierno el responsable del orden público en Catalunya y criticaba la acción de los "comités radicalizados que perjudicaron a los catalanes" interrumpiendo el tráfico, y que "habrían usado a niños de forma reprobable".

Ante ese escenario, si bien, el ejecutivo probaba la posibilidad de retorno a la Constitución recordando la concurrencia a los comicios del 21-D por parte de los partidos independentistas. "El 155 llevaba la convocatoria de elecciones", decía, pidiendo que este procedimiento sirviera para la "pérdida de la radicalidad" y se pudieran "expresar los proyectos de futuro", exponía sobre las respectivas formaciones. Eso sí, el representante ministerial volvía a emplazarse a finales de diciembre para "cerrar" la etapa de una "quimera de mentiras", en referencia al proceso soberanista.

Así las cosas, no parece que Rajoy esté dispuesto a ceder cuestiones esenciales en la reforma de comisión de reforma de la Constitución que comenzará sus trabajos en el Congreso el próximo 15 de diciembre. Fuentes de la Moncloa explican que tiene que ser un texto que guste "a todos" y recuerdan que el procedimiento se prevé largo por la envergadura y alcance del proyecto. De Vigo abogaba aquí porque los "adalides" del diálogo –en alusión a ERC, que se niega a ir– estuvieran allí, al considerar que era el espacio para "analizar" esa cuestión dentro del marco de la soberanía nacional.

Luchar por la Agencia del Medicamento

El portavoz ha vuelto sobre los argumentos económicos relativos al proceso afirmando que más del 67% de ciudadanos creían que la economía catalana se había resentido las últimas semanas a raíz de la declaración de independencia, según datos de la empresa encuestadora GAD3. Sin embargo, De Vigo aseguraba que el Gobierno se mantenía esperanzado sobre la candidatura para que la Agencia del Medicamento se asentara en Barcelona, aunque determinada prensa internacional ya considere que la situación política en España y Catalunya les es un factor determinante y en contra.