El nuevo gobierno de coalición ha decidido abrir un melón: el de la reforma del Código Penal. Una reforma que, desde La Moncloa, quieren que sea amplia. Empezará por el consentimiento sexual, donde tienen acuerdo con sus socios para garantizar el "sólo sí es sí", pero se ampliará a otros ámbitos. Entre estos, también están los delitos de rebelión y sedición, que se abren a revisar y adaptarlos a los nuevos tiempos. En todo caso, al no estar recogido en el acuerdo de gobierno, pasan la pelota al Congreso de los Diputados, para encontrar una mayoría absoluta. Según fuentes del Gobierno, si encuentran consenso, una posibilidad sería la de endurecer el de rebelión, para circunscribirlo a golpes de estado militares, y rebajar el de sedición, por el cual han sido condenados los presos políticos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, la portavoz María Jesús Montero sólo ha dado por hechas aquellas reformas contempladas por el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, como el consentimiento sexual, sobre el que ya trabaja la ministra Irene Montero. Esta reforma se impulsará desde el Ejecutivo. No obstante, ha abierto el abanico a los "nuevos tiempos", como para recoger los delitos medioambientales o, también, los tipos delictivos que se han visto en el caso del procés. Como no hay un acuerdo sobre estos, la dirigente socialista ha pasado la pelota a los grupos parlamentarios para llevar la iniciativa. Quieren una reforma de Código Penal que sea amplia.

Pero, en su comparecencia, Montero no se ha movido mucho de estas líneas generales, sin querer entrar en detalles. Preguntada sobre si se desdicen de la promesa que hizo Pedro Sánchez en campaña, de volver a penalizar la convocatoria ilegal de referéndum, la ministra ha echado balones fuera. Ha subrayado que esta promesa no se encuentra en los acuerdos que firmaron el PSOE y Unidas Podemos. Ha subrayado que la reforma tiene que ser transversal y con un "planteamiento abierto". Ha defendido que "es fundamental impulsar un debate sobre el Código Penal para adaptarlo a las nuevas circunstancias".

Torra-Sánchez, "a las antípodas"

Con respecto a la reunión con los presidentes autonómicos, para las cuales Sánchez se desplazará a cada comunidad, el Gobierno tiene intención de seguir el orden tradicional, primero el lehendakari Iñigo Urkullu y después el president Quim Torra. No obstante, la orden se podría invertir por cuestiones de agenda. En todo caso, en el caso del encuentro en Barcelona, La Moncloa acaba de cerrar día y hora con la Generalitat, aunque lo más probable es que sea el 6 o 7 de febrero.

La portavoz española ha situado la reunión entre presidentes como una "primera toma de contacto en el marco de la normalidad institucional", sin un orden del día previo. "Está abierta a que los dos puedan dialogar con calma y tranquilidad", ha defendido María Jesús Montero, que ha admitido que "los planteamientos que llevamos en esta reunión están a las antípodas".

Los presupuestos no pueden dejar indiferente" a ERC

Por otra parte, la también ministra de Hacienda ha reiterado la voluntad de aprobar unos nuevos presupuestos del Estado antes del verano. Hoy su ministerio ha empezado el periplo de trámites, con la publicación en el BOE de la orden por la que se dictan las normas para la elaboración de las cuentas públicas. Después también habrá que negociar con Bruselas una flexibilización de la senda de déficit, una senda que quieren que sea "más transitable" para poder mantener la creación de empleo y crecimiento.

Cuando el proyecto de presupuestos llegue al Congreso, Montero espera que ya cuente con los apoyos parlamentarios. En este sentido, ha interpelado directamente ERC. "Un proyecto de presupuestos de un gobierno progresista no puede dejar indiferente a una formación política que se autodefine como progresista", ha asegurado a la ministra. Ha recordado que, con las cuentas, "se suben las pensiones a los pensionistas catalanes" o "se mejora la dependencia para los que la necesitan en Catalunya".

Emergencia climática y funcionarios

El Gobierno ha aprobado también hoy la declaración de emergencia climática en el Estado. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que el ejecutivo quiere "mostrar con eso el compromiso firme" con la lucha contra el cambio climático. Ha dicho que es una "prioridad". La declaración incluye 30 líneas de acción "transversales", cinco de las cuales las quieren poner en marcha en los primeros 100 días del nuevo Gobierno. Por otra parte, el Consejo de Ministros también ha aprobado el aumento salarial del 2% para los funcionarios del Estado, con efectos desde el 1 de enero. Era un compromiso con los sindicatos de la función pública.

Comparecencia de todos los ministros

Finalmente, la portavoz del Gobierno ha anunciado que todos los ministros del Ejecutivo han solicitado por iniciativa propia comparecer en el Congreso para explicar sus planes para la legislatura y someterse al control de la cámara baja.