La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha comprometido ante el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, a retirar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el anterior gobierno del PP contra la Ley contra el cambio climático. El Parlamento aprobó esta norma el verano del 2017 y, aunque la suspensión provisional del Tribunal Constitucional ya se ha levantado, el tribunal tiene que resolver sobre el fondo de la cuestión y dictar sentencia. Por eso, la Generalitat exige al gobierno del PSOE que retire este recurso.

Este miércoles, Ribera y Calvet se han reunido en Madrid y el conseller ha explicado que la ministra mantiene el compromiso de retirar el recurso. Ahora bien, Calvet defiende que la ley catalana es "moderna" y que prevé instrumentos de fiscalidad y de fondo para luchar contra el cambio climático y que, por lo tanto, no piensan modificarla porque quieren que se aplique "íntegra", incluidas la prohibición del 'fracking'. Los equipos de abogados de los dos gobierno ya trabajan para encontrar la fórmula.

Discrepancias

El conseller ha explicado que han exigido a la ministra que retire el recurso presentado por el PP para garantizar que una eventual sentencia del TC no evite aplicar "íntegra" la norma aprobada en el Parlamento. "Necesitamos mecanismos para luchar contra el cambio climático y queremos seguridad jurídica de la plena aplicación de la ley", ha destacado Calvet que recuerda que es la primera ley que se aprobó en el Estado en este ámbito.

El conseller ha reconocido que hay "discrepancias" en algunos puntos recurridos pero que la apuesta de la Generalitat es no tocar los artículos esenciales de la ley, especialmente las medidas de fiscalidad. "No queremos una norma vacía de contenido", ha dicho. Por eso, ha dicho que si, finalmente, no hay acuerdo con el Estado se podría dar el hecho de que se mantuviera el recurso en estos puntos para dejar la decisión sobre su constitucionalidad en manos del TC. Uno de estos puntos es, según confirma Calvet, la prohibición de las prospecciones de 'fracking' que recoge la norma catalana.