Hace una semana el Gobierno confirmaba que sus dos socios, el PSOE y Sumar, habían llegado a un acuerdo para incorporar en un decreto ley sobre vivienda una prórroga de dos años para los contratos de alquiler que finalicen antes de julio de 2028. El borrador fue remitido a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y la intención era, en primer lugar, aprobarlo en Consejo de Ministros. Pero ahora el gabinete de Pedro Sánchez da marcha atrás: ha decidido aplazar esta aprobación ante la falta de apoyos parlamentarios suficientes para sacarlo adelante. El obstáculo más complicado para el ejecutivo era Junts per Catalunya, que ya tumbó un decreto similar en abril y que ahora se abre a aprobarlo, pero con la condición de incluir medidas fiscales y contra la ocupación.
Según ha confirmado el Ministerio de Vivienda este lunes, el decreto ley no se llevará al Consejo de Ministros hasta el mes de septiembre, con el objetivo de ganar tiempo y culminar "un acuerdo amplio y transversal" con las fuerzas parlamentarias. El departamento capitaneado por la ministra socialista Isabel Rodríguez sostiene que "la responsabilidad y generosidad de todos los grupos" ha acercado las posiciones "más que en cualquier otro momento de la legislatura", pero reconoce que la complejidad del texto y el calendario ajustado han acabado siendo un obstáculo para cerrar el acuerdo antes del verano.
De esta manera, la aprobación del decreto en Consejo de Ministros queda ahora situada en el mes de septiembre, una vez que finalicen las vacaciones de verano. El Ministerio justifica la decisión también con el argumento de dar "unas semanas más de margen a la negociación" para intentar consensuar un texto que, según remarcan, debe dar "estabilidad a quien vive de alquiler" e impulsar "la oferta de vivienda asequible". El departamento en manos del PSOE asegura que hará "todo lo que esté en sus manos" para conseguir el mejor acuerdo posible y garantizar el derecho a la vivienda.
El acuerdo del PSOE y Sumar
La decisión llega solo una semana después de que fuentes del PSOE y de Sumar confirmaran que habían cerrado un pacto para incluir en el decreto una nueva prórroga para los contratos de alquiler con vencimiento hasta el 30 de junio de 2028, una medida que, según los cálculos de la formación liderada por Yolanda Díaz, sumaría casi un millón de personas potencialmente beneficiarias respecto a la prórroga anterior. Aquel texto, todavía pendiente de concretarse del todo, también debía incorporar medidas para bajar el precio del alquiler, combatir el fraude en los contratos de temporada y de habitaciones y endurecer el régimen sancionador sobre la publicidad de los pisos turísticos en las plataformas digitales.
La incógnita de Junts
La formación más difícil de convencer sigue siendo Junts per Catalunya, que ya sumó sus votos a PP y Vox para tumbar la anterior prórroga de alquileres. Los de Carles Puigdemont habían cuestionado abiertamente el nuevo decreto, alertando de que no lo apoyarían si no incluía una desgravación fiscal para pequeños propietarios e inquilinos, la recuperación de las cuentas vivienda o el desbloqueo de la ley contra la ocupación ilegal, registrada hace dos años y todavía sin tramitar. Los juntaires también habían reclamado que fuera el Estado, "como hacen la mayoría de los gobiernos europeos", quien asumiera el coste de las políticas sociales de vivienda para las personas vulnerables, y no el pequeño propietario.