Junts per Catalunya ha cuestionado este miércoles el nuevo decreto de vivienda pactado por los dos socios del Gobierno: el PSOE y Sumar. Fuentes de ambas formaciones confirmaban este mediodía que habían llegado a un pacto para incluir, otra vez, una prórroga para los contratos de alquiler de dos años. Y que enviarían a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados un borrador de un decreto que, además de este punto, debe incluir medidas que han defendido diversas formaciones durante la legislatura, con guiño dirigido directamente a los juntaires. Horas más tarde, los independentistas advierten que no apoyarán ningún paquete que no incluya medidas fiscales y antiokupas.
El partido de Carles Puigdemont defiende que su posición sobre la vivienda es "conocida y coherente" y la ha mantenido "en todas las propuestas y votaciones" que se han hecho últimamente en el Congreso. Según Junts, la situación de la vivienda es "insostenible": lamentan que en el primer trimestre de 2026 el alquiler ha subido en los municipios catalanes y, en Barcelona ciudad, también ha subido el precio medio de los nuevos contratos. Para los juntaires, esto demuestra que "las políticas intervencionistas del Gobierno no solo no han resuelto el problema, sino que lo han agravado y lo han desplazado hacia los municipios donde el problema no era tan grave", por la aplicación de medidas "sin método ni rigor" que "no respetan las competencias de Catalunya".
Junts recuerda que ha registrado propuestas propias: desgravación fiscal del alquiler para los inquilinos, desgravación de una parte de la cuota hipotecaria para los pequeños propietarios, recuperación de las cuentas vivienda, medidas para estimular la construcción de obra nueva y movilizar la oferta existente, inversión en vivienda pública, y el desbloqueo de la ley contra la ocupación ilegal, registrada hace dos años y todavía pendiente. También pide que sea el Estado español, "como hacen la mayoría de gobiernos europeos", quien asuma el coste de las políticas sociales de vivienda para personas vulnerables, y no el pequeño propietario.
Así, la formación avisa que no apoyará un decreto que según ellos podría dar cobertura a la ocupación ilegal o que abra la puerta a los fondos buitre "a costa de la desaparición del pequeño propietario". Se trata de unas medidas que, según Junts, "han contribuido a encarecer los precios y reducir la oferta, perjudicando a los más vulnerables".
Prórroga de dos años en los contratos de alquiler
Este miércoles al mediodía, PSOE y Sumar han trasladado que el nuevo real decreto ley incorpora una prórroga que podrán solicitar los inquilinos que tengan contratos con vencimiento hasta el 30 de junio de 2028. Según los cálculos de los sumaritas, esta ampliación del plazo suma casi un millón de personas potencialmente beneficiarias respecto a la medida anterior, que establecía el plazo hasta el 31 de diciembre de 2027.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Vivienda —en manos del PSOE— destacan que la medida forma parte de un texto pactado dentro del Gobierno que ahora habrá que remitir a los grupos parlamentarios, con el fin de estudiar qué apoyos podría tener cuando el decreto se tenga que convalidar en el Congreso de los Diputados. La formación más difícil de convencer es, como ya manifiesta en este comunicado, Junts. Ya sumó hace meses sus votos a PP y Vox para tumbar la anterior prórroga. Desde el ejecutivo de Pedro Sánchez aseguran que mantendrán la discreción sobre el contenido de un texto que será "amplio, ambicioso" y que incluirá soluciones estructurales para el problema de la vivienda.